Procuraduría exoneró a exfuncionarios de Quintero en caso Aguas Vivas
La Procuraduría declaró no probadas las conductas contra siete exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en el caso del predio Aguas Vivas. Los investigados, integrantes del comité de conciliación del Distrito de Medellín, fueron señalados de presuntas irregularidades en la transferencia y devolución del predio, avaluado en más de 40.000 millones de pesos. Según la entidad, las acciones fueron desvirtuadas y se ordenó el archivo definitivo del caso, argumentando que la prescripción de la acción disciplinaria no obedeció a irregularidades atribuibles a los servidores públicos.
Jaime Ramírez Cobo: Poder y misterio en Gobierno Petro
La figura de Jaime Ramírez Cobo en el Gobierno Petro sigue siendo esquiva pese a su papel en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Aunque ha sido señalado en investigaciones por contratos irregulares, no ha sido vinculado formalmente a un proceso penal. Su nombre volvió a sonar tras revelarse que el celular del expresidente Petro estaba registrado a su nombre, generando malestar en la Casa de Nariño. La Corte Suprema, que interceptaba sus comunicaciones, suspendió las escuchas al descubrir que Petro utilizaba esa línea. La Fiscalía solo lo ha llamado como testigo a pesar de su presunta participación en la asignación de contratos por más de 700.000 millones de pesos.
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Investigan inmobiliaria y particulares por irregularidades en arrendamientos en Cali
La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali inició tres investigaciones contra una reconocida inmobiliaria y dos particulares por presuntas irregularidades en contratos de arrendamiento. Las anomalías incluyen el cobro de depósitos no devueltos, cambio de razón social sin soporte y oferta de servicios sin la matrícula de arrendador. Estas investigaciones se adelantan tras el terremoto del 10 de agosto, que generó más de 500 quejas ciudadanas relacionadas con abusos en el mercado de arrendamientos. Las sanciones por estas irregularidades pueden llegar hasta los 100 salarios mínimos mensuales vigentes.
La investigación revela cómo figuras políticas y presidentes han estado involucradas en estafas de gran magnitud. Roberto Soto Prieto movió 13.5 millones de dólares del Ministerio de Defensa colombiano a cuentas en paraísos fiscales. David Murcai con su pirámide DMG defraudó a 200.000 colombianos por 1.4 billones de pesos. En Paraguay, el presidente Santiago Peña fue destituido por su presunta vinculación con el banco Ueno, que recibió 850 millones de dólares del fondo de pensiones. Donald Trump y Javier Milei también son mencionados por sus prácticas financieras cuestionables.
Rectifican información sobre caso Yovanny Bustos Cortés
El Tiempo rectificó información publicada el 21 de mayo de 2026 sobre el caso de falsificación de documentos en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). En la nota inicial se afirmó erróneamente que Yovanny Bustos Cortés había sido señalado como 'presunto cerebro y autor intelectual' de los hechos investigados. La rectificación aclara que las autoridades no otorgaron dicho rol en la imputación de cargos. Según la Fiscalía General de la Nación, Bustos Cortés, quien era contratista del IPCC, contribuyó a la materialización de la conducta ilícita, pero no fue identificado como el autor intelectual. La investigación sigue su curso contra Bustos de Jesús Bustos Cortés, mientras que los cargos mencionados en la investigación fueron imputados pero no aceptados.
Fiscalía reprocha conducta delictiva en campaña Santos 2014
La Fiscalía General imputó cargos a José Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, por presentar informes falsos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el ente investigador, la campaña presentó datos incompletos sobre sus fuentes de financiación y gastos, superando los topes legales establecidos. La fiscal del grupo de tareas especiales de Odebrecht detalló que la campaña recibió 13.461.287.446 pesos, pese a que la financiación estatal aprobada fue de 6.884.900.471 pesos. Prieto fue vinculado por los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, acusado de ocultar el contrato con la empresa Paddington Venture Ltda., financiada con un millón de dólares de Odebrecht.
El expresidente Gustavo Petro ha respondido a las denuncias de corrupción presentadas por Deicy Jiménez, quien asegura mantener una relación íntima con el exmandatario y recibir contratos estatales a cambio de favores sexuales. Petro negó haberse visto con Jiménez durante su presidencia y negó cambiar sexo por contratos. La mujer ha publicado un video que demuestra su relación con Petro y se han identificado diez contratos suyos con entidades estatales durante el periodo en que Petro fue presidente. Además, Petro enfrenta acusaciones de haber pedido prestado dinero a su exfuncionaria Angie Rodríguez.
Sobrecosto en compra de lote universitario en Puerto Gaitán
El Concejo de Puerto Gaitán, Meta, aprobó el proyecto para la compra de un predio destinado a la construcción de una ciudadela universitaria por $12.870 millones, cifra que contrasta con los $180 millones por los que fue vendido ocho meses antes. Varios concejales presentaron ponencias negativas, alertando sobre vacíos en la estructuración del proyecto, el avalúo y las condiciones jurídicas del inmueble. El lote, de nueve hectáreas, fue adquirido por Infinite Computer S.A.S. en noviembre de 2025 y su valor aumentó 71,5 veces según el avalúo comercial realizado en julio de 2026 por Quantum Avalúos S.A.S. Los opositores cuestionan que el municipio compre el predio sin completar estudios de preinversión, demanda estudiantil y sin un compromiso formal de una institución de educación superior que opere la ciudadela.
Exfuncionaria de San Roque condenada por desfalco de $5.275 millones
Una exfuncionaria de San Roque, Antioquia, fue condenada a 12 años de prisión por apropiarse de $5.275 millones del erario municipal entre 2021 y 2024. Eliana Yesenia Castro Sánchez, quien se desempeñaba como funcionaria de la Secretaría de Hacienda, utilizó tres mecanismos para desviar los recursos: transferencias directas a sus cuentas, pagos falsos a proveedores y modificaciones de transacciones para cobrar cantidades superiores. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó determinó su responsabilidad por los delitos de apropiación de recursos públicos y falsificación de documentos, tras la aceptación de cargos realizada por la acusada en abril de 2026. Además de la pena de cárcel, la sentencia incluye una multa de 33.333 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición de ejercer funciones públicas por casi cuatro años.
La Fiscalía General de la Nación capturó al empresario Arvey Duque Villamizar en Cúcuta el pasado martes 10 de noviembre por su presunta participación en una red de falsas exportaciones. Según el ente acusador, entre 2020 y 2023 se habrían registrado exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador, lo que habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito. En la operación fueron capturadas siete personas, incluyendo cuatro funcionarios de la Dian en Ipiales, quienes habrían certificado falsamente la salida de los productos. Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías y se les imputaron los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, y falsedad ideológica en documento público.
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Contraloría halla irregularidades en contratos de DNI durante gobierno Petro
La Contraloría General de República identificó presuntas irregularidades en tres contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Gustavo Petro. Uno de los casos corresponde a un contrato por $580 millones para un sistema biométrico que, según la información, nunca habría funcionado pese a que se certificó su cumplimiento al 100% en diciembre de 2022. La entidad de control también encontró problemas en un contrato de $1.155 millones para una plataforma de contrainteligencia que no estaba terminada a pesar de las prórrogas, y en un contrato de $362 millones para diseños de un edificio en Funza. La Contraloría notificó las observaciones al director general de la DNI, Jorge Andrés Zuluaga López, y le solicitó explicaciones y soportes documentales.
Cinco empresas que donaron recursos para adecuar el Batallón Paraíso como sede alterna del presidente Abelardo de la Espriella reportaron ingresos por cero pesos en sus últimas renovaciones de matrícula mercantil. El hallazgo, parte de una investigación de la revista Cambio, se basa en información entregada por el Ejército Nacional en respuesta a un derecho de petición de la abogada y periodista Ana Bejarano Ricaurte. Las empresas señaladas son AMD Ingenieros, Vismar Tech, JG Solutions Service, Proyectos Franco Estructuras e Inversiones Bendeck, que sumaron donaciones por más de $350 millones. En contraste, Prosound Colombia S.A.S. sí declaró ingresos, por $39,5 millones, pese a haber donado $82.780.000. La investigación también encontró conexiones empresariales entre otras dos donantes y firmas que participan en la remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
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