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La Universidad del Magdalena se pronunció sobre las presuntas irregularidades en la emisión del título de especialista en Alta Gerencia de Jaime Vives, presidente de Coljuegos. La institución explicó que el documento fue emitido el 8 de septiembre de 2026 mediante un proceso de reconocimiento académico basado en el Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, creado en 2018. Según la universidad, Vives recibió un reconocimiento ordinario de 23 créditos por sus funciones y responsabilidades profesionales, cumpliendo con el marco establecido en los acuerdos institucionales. El funcionario debió aprobar la asignatura de Finanzas Sostenibles y Fintech mediante un curso dirigido, completando los requisitos para obtener el título.
Infobae Colombia · Santa Marta, Magdalena
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La Opinión · Santa Marta, Magdalena
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Infobae Colombia · Putumayo
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El Tiempo · Valle del Guamuez, Putumayo
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Infobae Colombia · Santa Marta, Magdalena
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La Opinión · Santa Marta, Magdalena
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La Corte Suprema de Justicia ordenó verificar si la excongresista Aida Merlano recibió beneficios de la Fiscalía en su caso, lo que podría incidir en el proceso contra el exsenador Arturo Char por la presunta compra de votos en la 'Casa Blanca'. La decisión responde a una solicitud de la defensa de Char, que busca conocer las condiciones en las que Merlano ha declarado. La investigación se centra en la estructura denominada 'Casa Blanca', ubicada en Barranquilla, donde se habría coordinado un esquema de compra de votos para favorecer las aspiraciones de Merlano y Lilibeth Llinás en las elecciones de 2018. La Corte también ordenó reunir todas las declaraciones de Merlano sobre los hechos y verificar su detención en Venezuela.
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Se ha presentado una denuncia contra Gilberto Toro, director de Fedemunicipios, por su presunta relación con las fotomultas en Colombia. Esta situación podría derivar en un escándalo de corrupción a nivel nacional según informes de la fuente. El caso ha generado atención en el ámbito político y de seguridad vial del país. La denuncia fue realizada el pasado 14 de noviembre de 2026, fecha en que se conocieron los detalles de la acusación contra el directivo de la entidad municipal.
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Cristian Javier Oyola Tovar, gemelo del hacker Carlos Andrés Oyola Tovar, ha acumulado contratos con al menos cuatro entidades del Estado por más de $400 millones. Su nombre quedó registrado en la Registraduría el 13 de febrero de 2026, con ingreso autorizado desde un correo del CNE. La Unidad Nacional de Protección lo contrató en enero de 2026 como desarrollador de inteligencia artificial por $62,5 millones. Su trayectoria incluye contratos con la Gobernación del Huila, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la propia Registraduría. La documentación revisada por EL COLOMBIANO revela inconsistencias en los requisitos que acreditó para sus contratos.
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El Ministerio de Educación trasladó a organismos de control hallazgos sobre posibles irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) entre 2022 y 2026. Tras revisión administrativa a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, se identificaron problemas en distribución de presupuesto, funcionamiento tecnológico y seguimiento regional. La ministra Myriam Hoyos enfatizó que los recursos deben manejarse con responsabilidad, pues el PAE es fundamental para garantizar que los niños permanezcan en las aulas. Se encontraron seis problemas principales: distribución sin criterios técnicos, cálculos elevados de costos, fallas tecnológicas, aumento excesivo de contratos y deficiencias en supervisión.
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El Ministerio de Educación identificó seis situaciones críticas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el periodo 2022-2026. Entre las irregularidades encontradas están asignaciones sin sustento metodológico, sobreestimación de costos de Entidades Territoriales Certificadas, sistema tecnológico inoperante, crecimiento desmedido de contratos y fallas de supervisión. La ministra Myriam Hoyos enfatizó que los recursos destinados a garantizar el derecho a la alimentación de los niños son sagrados y no pueden comprometerse por decisiones sin sustento técnico. El Gobierno anterior distribuyó recursos sin una metodología técnica que respaldara los criterios de asignación, comprometiendo la trazabilidad y control sobre los dineros públicos.
📸 Foto: Vanguardia
Una demanda presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado Ricardo Ruge Cabrera podría obligar a devolver millonarios recursos a más de 1,5 millones de conductores que pagaron fotomultas entre 2018 y 2024. La denuncia se fundamenta en presuntas irregularidades en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), operado por la Federación Colombiana de Municipios bajo la coordinación de Gilberto Toro Giraldo. La investigación del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte ya había revelado irregularidades en 37 organismos de tránsito con 7,5 millones de comparendos impuestos en ese periodo.
📸 Foto: Caracol Radio
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Zarzal, Valle, Alexander Gómez Salazar, por presuntas irregularidades en el nombramiento de Jhon Jairo Castro Sierra como comisario encargado de Familia. La investigación señala que el mandatario habría expedido un decreto el 4 de marzo de 2024 para formalizar la posesión del funcionario, quien según el organismo de control no cumplía con los requisitos académicos exigidos para el cargo. La Procuraduría considera que Castro Sierra no habría acreditado un título de posgrado en alguna de las áreas requeridas para ejercer como comisario de Familia, lo que podría haber vulnerado los principios de moralidad, eficacia y eficiencia de la función pública.
📸 Foto: El Colombiano
La Superintendencia de Transporte investiga a 37 organismos de tránsito por posibles irregularidades en sistemas de fotomultas que podrían llevar a la revocación de cerca de cinco millones de comparendos. Las investigaciones revelan que estos organismos habrían impuesto más de 7,5 millones de sanciones mediante sistemas automáticos de detección, con recaudos superiores a $1,05 billones. El abogado Ricardo Ruge ha denunciado presuntas irregularidades en el recaudo y contratación, mientras que las autoridades encontraron fallas técnicas en la operación de estos sistemas.
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Carlos Andrés Oyola Tovar, presunto articulador de una red que alteraba registros académicos en la UNAD, fue enviado a la cárcel mediante medida de aseguramiento. La Fiscalía lo señala de ser enlace entre estudiantes y personas con acceso a los sistemas de la universidad para favorecer a 19 estudiantes. Según el ente acusador, las irregularidades habrían permitido la obtención fraudulenta de títulos académicos entre 2017 y 2023. Oyola Tovar también habría modificado su historial académico en 46 oportunidades para obtener títulos de ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública.
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Una auditoría forense de Ecopetrol ha recopilado 34 casos relacionados con presuntas irregularidades en contratos, nombramientos y negocios de la petrolera y sus filiales. Las investigaciones penales, administrativas y fiscales indagan el papel de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y personas cercanas al entorno de la exprimera dama Verónica Alcocer. Entre los mencionados figuran Julián Caicedo, pareja de Roa; el empresario catalán Manel Grau; los italianos Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli; y Danilo Romero, señalado como presunto testaferro de Alcocer. La documentación fue entregada a la Contraloría General de la República para el Sector Minas y Energía.
Infobae Colombia · Putumayo
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El Tiempo · Valle del Guamuez, Putumayo
📸 Foto: El Tiempo
La Fiscalía investiga una presunta red de contratación directa entre la Federación Colombiana de Municipios y DICITEC S.E.M. S.A.S. desde 2015. Según la denuncia, se adjudicaron contratos tecnológicos por más de $45.800 millones sin licitación pública, utilizando recursos del sistema de multas de tránsito SIMIT. Se alerta sobre un conflicto de intereses, ya que el representante legal de Fedemunicipios también actuaba como accionista en DICITEC, lo que podría inhabilitar las contrataciones. La denuncia señala además que DICITEC habría subcontratado servicios con sus socios privados, dejando una diferencia superior a los $7.858 millones en un solo contrato.