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La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad provisional por vencimiento de términos presentada por los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, procesados por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El ente judicial explicó que el plazo requerido para acceder a este beneficio aún no se ha cumplido, ya que se amplió por una prueba que debe practicarse en el exterior. La decisión se extendería hasta el 26 de mayo de 2027, debido al testimonio del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua con asilo político.
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Minuto30 · Bogotá D.C.
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El exdirector de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, envió una carta a Verónica Estrada el 4 de marzo de 2025 solicitándole presentar oferta para un contrato de prestación de servicios por $8 millones mensuales. La entonces no política respondió al día siguiente adjuntando sus títulos académicos, que ahora se conocen como falsos. El contrato fue firmado por $78 millones durante 2025, mientras que Llinás afirmó haber sido 'asaltado en su buena fe' al desconocer las irregularidades.
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La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, está en medio de un escándalo por la presunta falsificación de títulos universitarios. Según revelaciones, la congresista habría presentado como propios títulos de ingeniera de minas y metalurgia obtenidos en la Universidad Nacional, institución que certificó no tener registros de su graduación. Además, se determinó que habría falsificado su tarjeta profesional de Copnia y otro título de la Universidad de Antioquia. El descubrimiento fue hecho por el twittero Rentas, quien verificó los certificados de las instituciones. La situación ha generado reacciones en el ámbito político, incluyendo la congresista Jennifer Pedraza, quien expresó su indignación al mencionar que su hermana estudia ingeniería en la misma universidad y destacó la dificultad para las mujeres en esa carrera.
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El rector de la Universidad Nacional de Colombia, Ismael Peña, confirmó que la congresista Luz Verónica Estrada nunca cursó estudios en la institución, tras descubrirse que habría utilizado un diploma falso de ingeniera para tramitar licencias profesionales y acceder a cargos públicos. El engaño fue detectado por el Consejo Profesional de Ingeniería (COVNIA) al verificar sus bases de datos. La universidad denunció los hechos ante la Fiscalía en noviembre de 2025 y los ratificó en diciembre del mismo año. Peña calificó el hecho como una afrenta ética e institucional que afecta la credibilidad del sistema de educación superior del país.
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La exasesora presidencial Eva Ferrer compareció ante autoridades estadounidenses en Nueva York por investigaciones relacionadas con presuntas actividades de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y comercio ilegal de oro. La diligencia se extendió durante varias horas y forma parte de un proceso que contempla nuevas declaraciones en las próximas semanas. Ferrer ha sostenido que el entorno de la exprimera dama Verónica Alcocer era como una mafia, con denuncias específicas sobre tráfico de cocaína en avión de la Fuerza Aérea.
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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la negativa a declarar la nulidad del proceso penal contra la excongresista María Cristina Soto de Gómez. El alto tribunal determinó que los cuestionamientos sobre la legalidad en la obtención de algunas pruebas, como las interceptaciones telefónicas, no son suficientes para anular el proceso. La validez de estos elementos será examinada al momento de emitir sentencia, cuando sean valorados junto con el resto del material probatorio. El proceso se adelanta bajo las disposiciones de la Ley 600 de 2000.
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El periodista Ricardo Calderón, actual integrante de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y ex empleado de Revista Semana, aparece mencionado en un expediente judicial en el contexto de la venta de información de inteligencia policial. Según el documento, un patrullero de la Policía confesó ante autoridad competente que vendió información sensible y protegida por ley a Calderón cuando el periodista trabajaba en Semana. Por estos hechos, el patrullero fue investigado, imputado y terminó tras las rejas por cohecho. La noticia plantea preguntas sobre los métodos de obtención de información en las unidades investigativas de la prensa tradicional colombiana, citando jurisprudencia internacional que distingue entre el receptor pasivo de información y quien participa, paga o instiga su obtención ilegal.
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El sargento retirado Alexander Chala Sáenz denunció presunto uso de soldados y recursos del Ejército para arreglar la vivienda fiscal del coronel Libardo Andrés Ramírez García en Tolemaida. La denuncia, apoyada en videos y fotografías, señala que entre septiembre y octubre de 2026, personal de diferentes unidades militares habría sido destinado a labores de mantenimiento en la vivienda del oficial. Chala Sáenz asegura que estas labores corresponden al Instituto de Casas Fiscales del Ejército y no a los soldados, y ha solicitado la intervención de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría e Inspección General del Ejército.
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El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, acudió a la Fiscalía para entregar información sobre la presunta instrumentalización de mujeres en la Presidencia, en el caso conocido como 'sexocontratos'. Ríos afirmó que durante la diligencia relató situaciones que, según él, se habrían presentado en la Presidencia y aportó elementos probatorios. El funcionario también solicitó a la Fiscalía investigar otras entidades donde presuntamente fueron instrumentalizadas estas mujeres, aunque no identificó a los responsables ni detalló los hechos. Según fuentes de la Fiscalía, Ríos estuvo al menos tres horas en la entidad y entregó material probatorio. Esta denuncia ya había sido presentada ante el Congreso de la República.
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La exconsejera presidencial Eva Ferrer compareció el 18 de noviembre de 2026 ante fiscales de Nueva York para entregar pruebas sobre presuntas irregularidades atribuidas a Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia. La diligencia contó con la participación de funcionarios especializados y agentes de la DEA. Ferrer ha señalado posibles traslados de estupefacientes y dinero en aeronaves oficiales, además de supuestas operaciones de lavado de activos. Las autoridades de Estados Unidos y Colombia han establecido contactos para contrastar las afirmaciones de la exfuncionaria.
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El Gobierno colombiano, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, ha creado un bloque de búsqueda contra la corrupción que articula esfuerzos de múltiples entidades estatales. Esta iniciativa, anunciada este miércoles en la Fiscalía General de la Nación, busca combatir los delitos económicos y denunciar cualquier hecho de corrupción. El bloque integrará a la Policía Judicial, inteligencia, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, bajo la coordinación de la oficina de transparencia de la Presidencia, dirigida por Cristina Lombana. El mandatario enfatizó que este esfuerzo busca recuperar recursos que se destinaban a salud y educación, y representa una promesa de campaña cumplida para combatir frontalmente la corrupción con voluntad política.
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Carlos Ríos, director del Dapre, ingresó al búnker de la Fiscalía para rendir declaración juramentada sobre los supuestos contratos que se habrían entregado en diferentes entidades del Estado a cambio de favores sexuales al expresidente Gustavo Petro. El caso, que ha generado gran atención pública, está siendo investigado por la Fiscalía. Ríos se presentó voluntariamente a prestar su versión sobre los hechos que han sido objeto de investigación en las últimas semanas. La declaración se lleva a cabo en el marco de las investigaciones sobre los supuestos 'sexocontratos' que involucran a funcionarios del gobierno anterior.
Minuto30 · Bogotá D.C.
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El Heraldo · Bogotá D.C.
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