Universidad del Magdalena: protestas por título de exdirector de Coljuegos
Estudiantes y egresados de la Universidad del Magdalena protestaron el 17 de noviembre contra el rector Pablo Vera por el título de especialista en alta gerencia otorgado a Jaime Vives, exdirector de Coljuegos. Las manifestaciones coincidieron con la visita de una comisión del Ministerio de Educación que evaluó el proceso académico. Los protestantes colocaron mensajes en el campus, algunos sobre el vehículo del rector, con frases como "Aquí dentro huele a rata" y "Vera, ya tenemos el contrato, para cuándo el Posgrado?". La controversia surgió tras la denuncia de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza sobre presuntas irregularidades. El presidente Abelardo De La Espriella pidió la salida de Vives de Coljuegos, señalando que no permitiría ese tipo de actuaciones. La universidad defendió su mecanismo de reconocimiento de saberes vigente desde 2018, actualizado en 2025, y aseguró que el procedimiento no fue creado específicamente para Vives.
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Verónica Alcocer: cocinas tradicionales por 3.000 millones
La exconsejera presidencial Eva Ferrer denunció ante la Procuraduría un proyecto de cocinas tradicionales que, según su testimonio, le presentaron como iniciativa de amigos de la ex primera dama Verónica Alcocer. Ferrer asegura que desde la Consejería se frenó el proyecto por considerar su costo desproporcionado, pero después de su salida, el programa se realizó mediante un convenio del Dapre por $3.052 millones. La investigación encontró que algunos beneficiarios iniciales aparecen en nuevos contratos por cerca de $10.000 millones. Ferrer relata que la propuesta buscaba atender a 80 personas con un presupuesto de $24 millones por persona, cifra que consideró excesiva y por la que pidió evaluaciones internas y externas.
Contratos irregulares con bomberos voluntarios en Sincelejo
La alcaldía de Yahir Acuña en Sincelejo firmó tres contratos con los Bomberos Voluntarios por más de 7.700 millones de pesos. Los convenios, entregados de forma directa, tenían como sede la casa de la suegra del contratista, Argemiro Babilonia Alarcón. Los contratos establecían obligaciones que, según denuncias, no se supervisaron adecuadamente y recursos quedaron sin destino conocido. Los contratos se ampararon en la necesidad de garantizar un servicio público esencial, pero fuentes de la Fiscalía advirtieron que se celebraron sin exigencias suficientes sobre la idoneidad del contratista.
Contraloría investiga $5.800 millones en anticipos para obras en Fundación
La Contraloría General del Magdalena mantiene bajo investigación el destino de más de $5.800 millones entregados como anticipos para dos obras viales en Fundación, Magdalena. El organismo de control identificó modificaciones en los mecanismos de administración del dinero y dificultades para comprobar su correspondencia con los trabajos ejecutados. Siete meses después de las primeras advertencias, persisten las dudas sobre el avance de los proyectos y el manejo de estos recursos públicos, que forman parte de un conjunto de intervenciones viales por cerca de $18.910 millones en el municipio.
Rectifican información sobre caso Yovanny Bustos Cortés
El Tiempo rectificó información publicada el 21 de mayo de 2026 sobre el caso de falsificación de documentos en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). En la nota inicial se afirmó erróneamente que Yovanny Bustos Cortés había sido señalado como 'presunto cerebro y autor intelectual' de los hechos investigados. La rectificación aclara que las autoridades no otorgaron dicho rol en la imputación de cargos. Según la Fiscalía General de la Nación, Bustos Cortés, quien era contratista del IPCC, contribuyó a la materialización de la conducta ilícita, pero no fue identificado como el autor intelectual. La investigación sigue su curso contra Bustos de Jesús Bustos Cortés, mientras que los cargos mencionados en la investigación fueron imputados pero no aceptados.
Concejales de Cantagallo son investigados por irregularidades presupuestales
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra los concejales Malver Torrejano, Norelvis María Hernández Arraez y Lizandro Godoy Pedrozo, integrantes del Concejo Municipal de Cantagallo, Bolívar, por presuntas irregularidades en la aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 001 de 2025. Este proyecto adicionó $10.986 millones al presupuesto municipal provenientes de procesos de contratación en curso. Los concejales, como miembros de la Comisión Permanente de Presupuesto, habrían votado a favor de la iniciativa sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales para la adición presupuestal. La investigación de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja también ordenó compulsar copias para evaluar la responsabilidad disciplinaria del alcalde Omar Devanys Esparragoza Ponce, y los secretarios de Hacienda Joel Emiro Alcocer Guerra y de Planeación Alexander Rodríguez Sarmiento.
SAE recupera apartamento del clan Torres en Barranquilla
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó posesión de un exclusivo apartamento en Barranquilla vinculado al clan Torres, organización empresarial aliada de Gustavo Petro. El inmueble, ubicado en el sector Vía Country, fue recuperado como parte de un proceso de extinción de dominio relacionado con el escándalo de Foncolpuertos, uno de los mayores casos de corrupción en Colombia. Según la SAE, el apartamento fue adquirido en 1996 por Rafael Enrique Villalba, hermano de Martha Villalba (exalcaldesa de Puerto Colombia y excongresista), y esposa de Camilo Torres, hermano de Euclides Torres, líder del clan. La toma de posesión requirió la intervención policial debido a la resistencia de los vigilantes. Esta es la segunda acción contra el clan Torres, después de que Estados Unidos retirara el visado a su líder por presuntas irregularidades.
El presidente Abelardo de la Espriella solicitó la salida del presidente de Coljuegos, Jaime Vives Pinedo, tras revelarse que obtuvo un título de posgrado en tiempo récord para cumplir con los requisitos del cargo. Vives se habría especializado en la Universidad del Magdalena, donde solo cursó una de las nueve materias del programa, homologando el 88% de los créditos basado en su experiencia laboral. El proceso habría durado apenas dos meses, desde su inscripción hasta la expedición del diploma. De la Espriella manifestó su rechazo a estas prácticas y enfatizó que en su gobierno no hay lugar para actuaciones poco éticas, aunque sean legales.
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La Universidad del Magdalena se pronunció sobre las presuntas irregularidades en la emisión del título de especialista en Alta Gerencia de Jaime Vives, presidente de Coljuegos. La institución explicó que el documento fue emitido el 8 de septiembre de 2026 mediante un proceso de reconocimiento académico basado en el Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, creado en 2018. Según la universidad, Vives recibió un reconocimiento ordinario de 23 créditos por sus funciones y responsabilidades profesionales, cumpliendo con el marco establecido en los acuerdos institucionales. El funcionario debió aprobar la asignatura de Finanzas Sostenibles y Fintech mediante un curso dirigido, completando los requisitos para obtener el título.
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Corte ordena revisar beneficios judiciales de Merlano en caso Char
La Corte Suprema de Justicia ordenó verificar si la excongresista Aida Merlano recibió beneficios de la Fiscalía en su caso, lo que podría incidir en el proceso contra el exsenador Arturo Char por la presunta compra de votos en la 'Casa Blanca'. La decisión responde a una solicitud de la defensa de Char, que busca conocer las condiciones en las que Merlano ha declarado. La investigación se centra en la estructura denominada 'Casa Blanca', ubicada en Barranquilla, donde se habría coordinado un esquema de compra de votos para favorecer las aspiraciones de Merlano y Lilibeth Llinás en las elecciones de 2018. La Corte también ordenó reunir todas las declaraciones de Merlano sobre los hechos y verificar su detención en Venezuela.
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Cinco empresas que donaron recursos para adecuar el Batallón Paraíso como sede alterna del presidente Abelardo de la Espriella reportaron ingresos por cero pesos en sus últimas renovaciones de matrícula mercantil. El hallazgo, parte de una investigación de la revista Cambio, se basa en información entregada por el Ejército Nacional en respuesta a un derecho de petición de la abogada y periodista Ana Bejarano Ricaurte. Las empresas señaladas son AMD Ingenieros, Vismar Tech, JG Solutions Service, Proyectos Franco Estructuras e Inversiones Bendeck, que sumaron donaciones por más de $350 millones. En contraste, Prosound Colombia S.A.S. sí declaró ingresos, por $39,5 millones, pese a haber donado $82.780.000. La investigación también encontró conexiones empresariales entre otras dos donantes y firmas que participan en la remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
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Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, recibió tres contratos por contratación directa entre 2022 y 2023 en el gobierno de Gustavo Petro. Uno con el Ministerio del Interior y dos con Colombia Compra Eficiente, por un total de aproximadamente $19.000.000. Los contratos estaban relacionados con labores administrativas, logísticas y de apoyo a la gestión pública, incluyendo acciones para proteger derechos de comunidades wayú en La Guajira. La revista Semana no encontró informes de gestión asociados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Además, el liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, denunció ante la Fiscalía a ambas hermanas por presunta intervención irregular en el consejo directivo de FonIgualdad.