Militares de Cúcuta, libres tras falsificar reportes para viáticos
Siete militares del Batallón de operaciones terrestres en Cúcuta fueron dejados en libertad por un juez tras ser imputados por presuntamente falsificar reportes para cobrar viáticos sin cumplir misiones asignadas. La Fiscalía les imputó cargos por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, afectando recursos públicos por cerca de $10 millones entre enero y abril de 2025. Los sospechosos negaron los cargos y el juzgado solo les impuso restricciones de no salir del país ni comunicarse con testigos.
Desenmascaran red de desvío de fondos militares en Cúcuta
La Fiscalía investigó a siete militares del Batallón de Operaciones Terrestres en Cúcuta por desviar más de 10 millones de pesos destinados a viáticos. Los uniformados, entre ellos el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez y seis sargentos, elaboraron documentos falsos para justificar desplazamientos que nunca ocurrieron entre enero y abril de 2025. Aunque fueron imputados por peculado por apropiación y falsedad ideológica, continuarán en libertad con restricciones como no salir del país ni comunicarse con testigos.
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Deicy Jiménez citada nuevamente por Fiscalía sobre sexocontratos
Deicy Jiménez fue nuevamente citada por la Fiscalía para el próximo viernes 20 de noviembre a las 9:00 a.m. para continuar declarando sobre presuntos 'sexocontratos' en el gobierno de Gustavo Petro. La cita anterior, programada para el 13 de noviembre, tuvo que ser reprogramada por inasistencia de la mujer. Jiménez ya ha entregado su celular para la extracción de información relacionada con el caso y ha declarado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría. El presidente Petro ha negado usar contratos estatales para favores sexuales pero no ha negado su relación con Jiménez.
Verónica Alcocer: cocinas tradicionales por 3.000 millones
La exconsejera presidencial Eva Ferrer denunció ante la Procuraduría un proyecto de cocinas tradicionales que, según su testimonio, le presentaron como iniciativa de amigos de la ex primera dama Verónica Alcocer. Ferrer asegura que desde la Consejería se frenó el proyecto por considerar su costo desproporcionado, pero después de su salida, el programa se realizó mediante un convenio del Dapre por $3.052 millones. La investigación encontró que algunos beneficiarios iniciales aparecen en nuevos contratos por cerca de $10.000 millones. Ferrer relata que la propuesta buscaba atender a 80 personas con un presupuesto de $24 millones por persona, cifra que consideró excesiva y por la que pidió evaluaciones internas y externas.
Indira Molina: exinspectora DNI ahora magistrada Bogotá
Indira Isabel Molina Ariza, quien fue inspectora de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro, ahora ejerce como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Durante su gestión en la DNI, investigó irregularidades incluyendo la compra de un dron por 9.000 millones de pesos que terminó siniestrado en el Catatumbo, y el caso de Carlos Andrés Oyola Tovar, contratista vinculado a una red de piratas informáticos. Molina intentó informar personalmente al presidente Petro sobre estas anomalías, pero no pudo acceder a la Casa de Nariño debido a filtros internos. La tensión generada por sus investigaciones la llevó a renunciar a su cargo en la DNI para asumir su posición actual en la magistratura.
Más de dos años después del escándalo de corrupción en la Ungrd, cinco de los principales implicados del gobierno de Gustavo Petro aún no han sido llevados a juicio. Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros, recuperaron su libertad sin que sus procesos hayan concluido. Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, también está en libertad, mientras Carlos Ramón González y César Manrique continúan prófugos. La Corte Suprema aplazó la audiencia preparatoria hasta febrero de 2027 por dificultades en el acceso a pruebas, incluyendo archivos cifrados y documentos inaccesibles.
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Extesorera de Garzón, condenada por robo informático
La Contraloría declaró fiscalmente responsable a Diana Milena Gómez Claros, ex tesorera de Garzón, por el desfalco de 581 millones de pesos de las cuentas municipales. La investigación reveló que el robo no fue un ciberataque, sino una operación coordinada desde la Alcaldía. El Tribunal Superior de Neiva permitirá investigar a funcionarios de la alcaldía y del Banco Davivienda por su posible participación en el fraude ocurrido en abril de 2020.
La Contraloría General de la República reconoció que no verificó el monto real del pago por el que había advertido un posible sobrecosto de $2.130 millones en la compra de aviones Gripen a la empresa SAAB. El ente de control solo revisó la orden de pago por $17.600 millones, pero no confirmó si esa cantidad fue realmente transferida. Por su parte, el Ministerio de Defensa aseguró haber pagado $15.187 millones, cifra menor a la que inicialmente reportó la Contraloría. La entidad de control no tiene auditorías abiertas sobre el contrato, que se extiende hasta 2032, ni ha confirmado ni retirado su advertencia inicial sobre el posible sobrepago.
Andrea Ramírez, figura clave en UNGRD, declara en caso cupos indicativos
Andrea Carolina Ramírez Oliveros, exasesora del Ministerio de Hacienda vinculada al escándalo de corrupción en la UNGRD, ha sido llamada a declarar en otro proceso por cupos indicativos. A pesar de los escasos avances de la Fiscalía en su caso, la Corte Suprema de Justicia la ha citado en la investigación contra el excongresista Eduar Luis Benjumea, acusado de tráfico de influencias y cohecho. Ramírez negó haber escuchado presiones indebidas mientras trabajaba en el Ministerio de Hacienda, donde reconoció haber interactuado con Benjumea por su pertenencia a la Comisión Cuarta del Congreso. Esta no es la primera vez que la exfuncionaria declara ante la Corte Suprema en relación a prácticas de corrupción.
El Centro Nacional de Memoria Histórica denunció penalmente a un contratista por presunta falsedad documental en un proceso relacionado con el Museo de Memoria de Colombia. La irregularidad fue detectada durante la supervisión de un contrato para la adecuación museográfica en Bojayá, donde se encontraron cotizaciones cuyos presuntos emisores no las reconocían. El CNMH canceló la licitación 001 de 2026 por valor de 739 millones de pesos y anunció una revisión exhaustiva de todos sus procesos contractuales. El director del CNMH, D'mar Córdoba, reiteró el compromiso con la transparencia y la protección de los recursos públicos destinados a la memoria histórica del país. El proyecto forma parte de las iniciativas de reparación simbólica por la masacre del 2 de mayo de 2002 en Bojayá.
#Centro Nacional de Memoria Histórica#Museo de Memoria de Colombia#Bojayá#falsedad documental#contratación pública
El exalcalde de Prado, Tolima, Álvaro González Murillo, fue condenado a 12 años de prisión por irregularidades en 17 convenios que comprometieron recursos públicos durante el segundo semestre de 2016. Según la Fiscalía General de la Nación, los acuerdos destinados a actividades sociales, educativas, deportivas y culturales fueron adjudicados a una asociación sin acreditar su idoneidad ni justificar la destinación del dinero, causando un detrimento patrimonial cercano a los 300 millones de pesos. Además, Diana Carolina Romero Yara, exsecretaria de Desarrollo Social, fue condenada a 11 años, mientras que Gladys Lucía Cabezas Leonel y Daniel Francisco Murillo Cupitra recibieron penas de ocho años cada uno. La sentencia es de primera instancia y proceden los recursos de ley.
La Fiscalía investiga a siete integrantes del Ejército Nacional por presuntamente haber obtenido más de 10 millones de pesos mediante el cobro irregular de viáticos por comisiones de servicio que no habrían realizado. Los hechos ocurrieron entre enero y abril de 2025 en un batallón de operaciones terrestres en Cúcuta, Norte de Santander. Los investigados, incluyendo al capitán Carlos Andrés Chía Sánchez y seis sargentos, ocupaban cargos administrativos y logísticos en la unidad militar. La investigación reveló inconsistencias en la documentación presentada para justificar los desplazamientos, lo que llevó a su captura en siete ciudades del país. Los uniformados fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, aunque no aceptaron los cargos.