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La activista Gabriela Muñoz defendió la intimidad del expresidente Gustavo Petro tras la difusión de un video por parte de Deicy Jiménez, quien ha denunciado un presunto esquema de favores sexuales a cambio de contratos públicos. Muñoz cuestionó cómo un asunto tan delicado se convirtió en un espectáculo mediático y preguntó desde cuándo videos de adultos demostrándose cariño constituyen prueba de un delito. La defensa de Petro, representada por el abogado Alejandro Carranza, negó que su representado hubiera condicionado contratos a favores sexuales y sostuvo que el video requiere peritajes antes de ser valorado por la justicia. Carranza cuestionó que el material fuera divulgado antes de ser entregado a las autoridades y vinculó su publicación con una diligencia no realizada y la renuncia del abogado de Jiménez.
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90 Minutos · Cali, Valle del Cauca
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Pulzo · Cali, Valle del Cauca
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La senadora María Clara Posada reveló que la Justicia Especial para la Paz (JEP) tercerizó la contratación de inmuebles de sus sedes territoriales mediante convenios de cooperación internacional con el PNUD y FUPAD por $21.668 millones. Según Posada, esta figura permitió a la JEP evadir la publicación de los contratos en Secop. La congresista del Centro Democrático también denunció que entre 2018 y 2026 la JEP firmó 22 convenios con el PNUD que costaron $182.120 millones, casi siempre en especie. La senadora cuestionó la transparencia de estos procesos y vinculó la solicitud de la ONU de no recortar el presupuesto de la JEP con un posible conflicto de intereses.
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El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, sancionó la Ley de Sometimiento, iniciativa aprobada por el Congreso el pasado 3 de noviembre. Esta ley establece un nuevo marco jurídico para enfrentar a organizaciones criminales y grupos armados ilegales que decidan someterse a la justicia, reemplazando el modelo de Paz Total anterior. La norma busca desmantelar estructuras criminales sin otorgar reconocimiento ni beneficios políticos. El mandatario destacó el trabajo del ministro de Justicia, Iván Cancino, y confirmó que la iniciativa recibió 57 votos a favor y 24 en contra en el Senado, mientras en la Cámara de Representantes obtuvo 95 votos positivos y 10 negativos. Según cifras del Ministerio de Defensa citadas por la Fundación Ideas para la Paz, las organizaciones armadas pasaron de 15.120 en diciembre de 2022 a aproximadamente 28.802 en julio de 2026, un incremento cercano al 90%.
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La Gobernación de Nariño realizó un homenaje póstumo a Antonio Navarro Wolff, con la participación de autoridades, familiares, amigos, exgobernadores y representantes de distintos sectores sociales y políticos. El exmandatario fue recordado por su liderazgo en la construcción de la Constitución Política de 1991, su apuesta por la paz y sus aportes al desarrollo de Pasto y Nariño. Durante el acto conmemorativo, se destacó su cercanía con las comunidades, la transparencia en el ejercicio público y su compromiso con la transformación de los territorios. Además, se anunció que este 5 de noviembre se realizará el evento "El caminar de Antonio Navarro Wolff por Nariño", en la Biblioteca Pública Departamental de Nariño, con un conversatorio sobre su legado y proyecciones audiovisuales de su recorrido por el territorio.
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La Contraloría Distrital de Bogotá desplegó 37 equipos conformados por más de 150 funcionarios y directivos en colegios públicos de las 20 localidades para realizar un operativo de control fiscal sobre el Programa de Alimentación Escolar. El contralor Juan Camilo Zuluaga Morillo destacó que su responsabilidad es vigilar que cada peso destinado a la alimentación escolar se traduzca en un servicio de calidad para los estudiantes. Durante el operativo, el ente de control revisa aspectos clave como la calidad de los alimentos, las condiciones de almacenamiento y el cumplimiento de las minutas asociadas a la prestación del servicio. Cristian Nicolay Rodríguez, director de Educación de la Contraloría, explicó que su meta es hacer una verificación precisa y en tiempo real sobre el funcionamiento, calidad y ejecución de recursos destinados a este programa en la ciudad.
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El representante a la Cámara por el Quindío, Miguel Grisales, cuestionó ante el ministro de Hacienda la falta de claridad en el traslado de $2,7 billones para el Fondo Milagro. El congresista advirtió que estos recursos no cuentan con certificación de ingresos ni trazadores presupuestales que permitan seguimiento y control. Grisales señaló que ni los gobernadores conocen los criterios de distribución territorial del presupuesto para la reconstrucción. La preocupación cobra relevancia tras el sismo de esta semana que afectó al Quindío y aumenta los riesgos para las más de 350 mil familias damnificadas por el terremoto, quienes esperan soluciones concretas para recuperar sus viviendas.
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El Concejo de Medellín aprobó con 18 votos a favor y tres en contra la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una modificación que busca habilitar 222.000 nuevas viviendas durante los próximos 12 años. La actualización modifica aproximadamente el 78% del articulado del POT vigente desde 2014, manteniendo elementos estructurales del modelo de ocupación de la ciudad. La administración distrital busca ampliar la oferta de vivienda, simplificar trámites y permitir que terrenos con dificultades para desarrollarse puedan incorporarse a nuevos proyectos inmobiliarios. La propuesta contempla tres modalidades de renovación urbana: redesarrollo, reactivación y revitalización, con esquemas de incentivos para promover la integración de lotes y densidades que pueden llegar a 518 viviendas por hectárea en determinadas condiciones.
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Este jueves 5 de noviembre, Danilo Rojas Betancourth se posesionará como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a las 9:00 a.m. Su llegada ocurre en un momento trascendental para el tribunal creado tras el Acuerdo de Paz de 2016. Rojas Betancourth enfrentará debates en el Senado sobre propuestas que buscan revisar el presupuesto de la JEP y ponerle fin en 2028. La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto que evitaría prorrogar la JEP más allá de marzo de 2028, además se debate un recorte presupuestal de 100 mil millones para el año 2027. El saliente presidente, Alejandro Ramelli, calificó estas iniciativas como un "error histórico" que busca acabar con el tribunal antes de los juicios, lo que consideró un mensaje que lleva a impunidad y frustración para las víctimas.
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El presidente Abelardo De La Espriella sancionó la nueva Ley de Sometimiento, que reemplaza la 'Paz total' de Petro y establece un marco jurídico para que organizaciones armadas ilegales se sometan a la Constitución y la ley. La norma ha generado fuerte molestia en el Pacto Histórico, colectividad de la que proviene Petro, con senadores como Isabel Zuleta y Gabriel Becerra expresando su desacuerdo. Zuleta aseguró que la paz no se construye condenando a sus firmantes a ser postulados eternos, mientras Becerra cuestionó que el sometimiento a la justicia no pueda ser un cheque en blanco para el Gobierno. El Centro Democrático señala que la ley desmonta la bandera política del Pacto Histórico y la base del acuerdo criminal que les permitía tener sostenibilidad política en muchas regiones de Colombia.
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El senador Iván Cepeda denunció que periodistas estarían siendo contactados para recibir dinero a cambio de publicar columnas de opinión difamatorias en su contra. Según relató, un comunicador anónimo le informó que fue abordado por personas que se identificaron como enviados de alguien llamado 'Barbie'. El congresista calificó el hecho como un intento de soborno para afectar su reputación. Esta denuncia se conoce días después de que Cepeda alertara sobre presuntas campañas de difamación en su tras un debate de control político en el Senado. El senador ya había advertido que sectores de extrema derecha estarían preparando acciones para judicializarlo o afectar su autoridad moral. El Pacto Histórico rechazó estas presiones y expresó su respaldo al congresista.
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El expresidente Gustavo Petro respondió al video publicado por Deicy Jiménez, quien lo señala de intercambiar contratos por favores sexuales. Petro afirmó que el material no ha sido valorado por ningún juez y no hay indicios de corrupción en su contenido. En su cuenta de X, el exmandatario calificó la situación como un ataque que enfrentará ante los jueces con la verdad, insistiendo en que nunca usó contratos del Estado para obtener favores y que las mujeres de su gobierno llegaron por su capacidad. Petro cuestionó la validez del video, señalando que nadie sabe de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra realmente, y añadió que quien busca justicia entrega pruebas a la Corte, no a los medios.
90 Minutos · Cali, Valle del Cauca
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Pulzo · Cali, Valle del Cauca
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El expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre las acusaciones de Deicy Jiménez, rechazó los señalamientos y anunció acciones judiciales. A través de su cuenta de X, Petro negó haber utilizado contratos estatales para obtener favores personales y cuestionó la difusión del video sin valoración judicial. También anunció que demandará la Ley de Sometimiento, calificándola de 'ley de alcahuetamiento de narcos' y asegurando que no superará el examen de constitucionalidad. El expresidente pidió protección para todas las personas involucradas en el proceso y manifestó que responderá ante las autoridades.