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La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, está investigada por presunta falsificación de sus títulos de bachiller e ingeniera de minas. La Universidad Nacional de Colombia confirmó que no existen registros de su egreso como ingeniera de minas y metalurgia, y que el diploma presentado es falso. Además, su nombre no aparece en el acta de graduación de bachiller de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa en Caramanta, Antioquia, donde solo cursó octavo grado. El COPNIA también negó haberle expedido tarjeta profesional.
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Semana · Bogotá, Bogotá D.C.
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Un funcionario de la administración Trump habría planteado a Guyana la posibilidad de ceder parte de su territorio a Venezuela en medio de la disputa por el Esequibo. Jeremy Lewin, exjefe de planificación política del Departamento de Estado, habría ofrecido facilitar conversaciones territoriales durante una reunión en septiembre de 2026 con el canciller guyanés Robert Persaud. La propuesta habría generado sorpresa y preocupación en Georgetown, donde las autoridades han reiterado que la soberanía sobre el Esequibo no está sujeta a negociación. Lewin confirmó a Reuters sostuvo conversaciones preliminares y confidenciales con representantes de ambos países, asegurando que estas fueron autorizadas por la Casa Blanca y que informó sobre sus resultados al secretario de Estado Marco Rubio.
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Cornare reveló que los $7.200 millones prometidos por el Gobierno Petro para controlar la población de hipopótamos nunca llegaron a la corporación. El director de Cornare, Javier Valencia, indicó que el proyecto se formuló ante el Fondo para la Vida pero, como ocurrió en los últimos meses del Gobierno anterior, "se quedó ahí". Actualmente, el Ministerio de Ambiente lidera una auditoría externa al Fondo para la Vida y la Biodiversidad por más de $3 billones, tras identificar "indicios preocupantes" en su administración. El plan actual de control de hipopótamos, que incluye esterilizaciones, traslados y eutanasias, comenzó con un piloto de cinco meses con $500 millones aportados por el Ministerio de Ambiente, Cornare y Corantioquia.
📸 Foto: Boyacá 7 Días
El representante a la Cámara Héctor Chaparro cuestionó al gobernador Carlos Andrés Amaya por el estado de las vías en el norte de Boyacá. Chaparro manifestó solidaridad con los boyacenses que han manifestado después de 12 años de promesas, señalando que la vía hacia San Mateo tiene inversiones por más de 18.000 millones de pesos pero está en pésimas condiciones. El gobernador respondió que se hizo un contrato de 18.000 millones de pesos en 2019 y que la Gobernación tiene asignados 25.000 millones de pesos de contrapartida.
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📸 Foto: El Tiempo Medellín
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Hace 26 años, Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325, dando inicio a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Este reconocimiento surge de décadas de movilización feminista que cuestionaron que la guerra y la paz fueran asuntos exclusivos de Estados y ejércitos. La resolución reconoce la importancia de la participación femenina en la prevención y resolución de conflictos, así como en las negociaciones de paz y reconstrucción social. Colombia ofrece un ejemplo concreto con su experiencia en las negociaciones del Acuerdo Final de 2016, donde las organizaciones de mujeres lograron incorporar medidas para enfrentar desigualdades históricas y reconocer las afectaciones del conflicto armado sobre las mujeres. Sin embargo, la implementación de estos avances ha enfrentado numerosos obstáculos.
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El partido político Libres ha recuperado su segunda curul en el Congreso de Colombia, que había sido entregada al denominado clan Pulgar. Ányela Viviana Guanga Marquínez ocupará esta curul afro en la Cámara de Representantes a partir del próximo martes. El presidente del partido, Óscar David Benavides Ángulo, enfatizó que no es un regalo político sino una recuperación de representación que corresponde a Libres y las comunidades que representan. Además, el partido ratificó su oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella y anunció candidatos propios para consolidarse como fuerza progresista en las próximas elecciones, con aspiraciones en todas las ciudades y municipios del país.
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El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que respeta la protesta pacífica pero no permitirá bloqueos ni terrorismo urbano durante las movilizaciones de este jueves 19 de noviembre. El mandatario realizó un recorrido por Bogotá y aseguró que la fuerza pública está desplegada para garantizar la seguridad y la libre movilidad en todo el país. Las protestas convocadas por oposición, sindicatos y organizaciones sociales rechazan la Ley de Rescate Fiscal impulsada por el Gobierno.
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El Gobierno colombiano, a través de Viviane Morales, consejera comisionada de Paz y directora encargada de la Unidad de Implementación, se reunió con Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. En la reunión en la Casa de Nariño, el Gobierno ratificó su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz, pero planteó la necesidad de articularlo con su política de seguridad. Jenča ofreció la experiencia y presencia territorial de la Misión, que cuenta con 29 oficinas regionales y subregionales en el país. Este encuentro marcó la primera reunión entre Morales y la Misión de la ONU desde su nombramiento, evidenciando el interés del Gobierno en coordinar esfuerzos para avanzar en la consolidación de la paz mientras se abordan los desafíos de seguridad.
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El alcalde Alejandro Char anunció que los aprendices del Sena en Barranquilla tendrán transporte público gratuito a partir de 2027, cubriendo el 100% del costo. Esta iniciativa busca reducir barreras económicas que dificultan el acceso y permanencia de los estudiantes en sus procesos de formación. El beneficio estará dirigido a aprendices que residan en Barranquilla, aunque aún no se han divulgado condiciones adicionales como edad, nivel socioeconómico o pertenencia a programas específicos. La medida comenzará a regir el 1 de enero de 2027, pero la administración distrital aún debe detallar el procedimiento para identificar beneficiarios, acreditar residencia y establecer el mecanismo de gratuidad. El alcalde destacó que Barranquilla cuenta con 13 sedes especializadas del Sena, donde más de 100.000 jóvenes se han formado.
La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, está en el centro de una polémica por presuntamente presentar un título universitario falso de la Universidad Nacional de Colombia. Lo curioso es que la congresista figura como una de las autoras de un proyecto de ley que busca crear un sistema público para verificar la autenticidad de los diplomas de educación superior en el país. El proyecto de ley 019 de 2026 fue radicado el 20 de julio, cuatro meses antes de que se conociera la controversia sobre su título. La exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, Verónica Botero, confirmó que la firma que aparece en el diploma no corresponde a la suya.
El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, respondió al presidente Abelardo de la Espriella tras la denuncia que presentó ante la Fiscalía sobre el manejo de más de 119.000 millones de pesos provenientes de regalías. Vásquez aseguró que no le teme a las denuncias presidenciales y pidió acelerar las investigaciones. El mandatario defendió el uso de Foncolombia para ejecutar proyectos de infraestructura, comparándolo con el Fondo Milagro del presidente y destacando avances en colegios y granjas solares.
Una jueza administrativa de Medellín declaró improcedente una nueva acción de tutela que buscaba facilitar el traslado de Miguel Andrés Quintero Calle a un establecimiento penitenciario de Antioquia. El recurso, promovido por la Veeduría Ciudadana Dignidad y Derechos Humanos representada por Cecilia Quiroz, fue negado por el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín el 18 de noviembre de 2026. El juzgado encontró que no se cumplía el requisito de legitimación en la causa por activa, es decir, no estaba acreditada la facultad de la persona que presentó la acción para reclamar judicialmente la protección de los derechos de Quintero. Esta decisión se suma a un revés anterior cuando la Gobernación de Antioquia negó una solicitud para que fuera recluido en la cárcel Yarumito de Itagüí, argumentando que no reunía las condiciones reglamentarias.