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Un chat revelado por Noticias Caracol evidenciaría que el presidente Gustavo Petro, cuando era mandatario, habría ordenado mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior. La conversación, con fecha del 12 de diciembre de 2025, habría precedido la renovación de Jiménez en enero de 2026. Jiménez denunció hace semanas que Petro le habría ofrecido contratos a cambio de favores sexuales y publicó un video grabado en 2019, cuando el actual presidente era senador. Según la información, el mensaje mostraría una instrucción directa de Petro para mantener la vinculación contractual de Jiménez en esa cartera ministerial.
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El actual Gobierno, liderado por Abelardo De La Espriella, ha denunciado irregularidades en el programa Colombia Mayor durante la administración anterior de Gustavo Petro. Según la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, se dejó un déficit de más de 3 billones de pesos que afectó las transferencias a los beneficiarios. El Acta de informe de gestión revela que para 2026 se solicitaron 8,4 billones pero solo se asignaron 4,6 billones, faltando 3,7 billones. Suárez detalló que no se pagó el ciclo de marzo y los pagos se retrasaron, con el ciclo seis aún en proceso en agosto. Además, se solicitó investigar una operación de 770.095 millones de pesos relacionada con un convenio administrativo.
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El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó este jueves 5 de noviembre su preocupación frente al proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Uribe, tras una reunión de la bancada del Centro Democrático, cuestionó tres aspectos centrales: el aumento del IVA, el alcance de los recortes al gasto público y las medidas para estimular la inversión privada. El expresidente manifestó que le 'preocupa mucho el IVA por el tema de nuestros compatriotas de ingresos medios y de ingresos populares', señalando que la ampliación de la tarifa del 19% a productos y servicios con tratamiento diferente podría afectar el costo de vida. Además, consideró que el ahorro propuesto por el Gobierno es insuficiente y pidió profundizar los recortes mediante fusiones y eliminación de dependencias con funciones duplicadas.
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El Gobierno colombiano ha impulsado la Ley de Sometimiento, un nuevo marco jurídico que busca reemplazar el modelo de paz total con un esquema en el que los grupos armados ilegales deben someterse a las normas del Código Penal y del territorio. Esta ley, analizada en Hora 20 de Caracol Radio, busca desmontar estructuras criminales y entregar beneficios a quienes dejen las armas, con un papel importante para las víctimas. Francisco Bernate, abogado penalista, destacó que las víctimas participarán activamente para señalar si las penas alternativas son desproporcionadas, mientras que Paca Zuleta advirtió que se confundió el crimen organizado con la insurgencia en el modelo anterior. El senador Hernán Cadavid, ponente de la ley, aclaró que no busca ceder el Estado de Derecho y que se trata de una oferta unilateral del Estado hacia los grupos criminales, no de una negociación.
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Germán Calderón España, quien acompañó jurídicamente a Abelardo de la Espriella durante su campaña presidencial y luego fue designado director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, presentó su renuncia al cargo. Su salida se hará efectiva este viernes 6 de noviembre, menos de tres meses después de haber asumido la dirección de la entidad. En una carta fechada el 5 de noviembre y dirigida al ministro de Justicia, Iván Cancino González, Calderón España señaló que deja el puesto por razones de 'proyección profesional'. El abogado busca llegar a la Sección Tercera del Consejo de Estado, instancia que estudia controversias relacionadas con contratos estatales y responsabilidad de las entidades públicas.
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El representante a la Cámara Óscar Benavides solicitó garantías de seguridad tras recibir amenazas durante la última semana a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y redes sociales. El congresista hizo el pronunciamiento en Bucaramanga durante una audiencia pública de la Comisión Primera de la Cámara sobre protesta pacífica y el proyecto de ley antivandalismo. Benavides, quien también anunció que el partido Libres se declaró en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella, pidió a la Fiscalía investigar las intimidaciones y a la Unidad Nacional de Protección brindarle las garantías necesarias para continuar su labor. Durante la audiencia, el congresista expresó su preocupación por el proyecto de ley que busca regular la protesta social, considerando que podría criminalizar manifestaciones ciudadanas y cierres de vías.
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María Fernanda Cabal, quien renunció al Centro Democrático en 2026, visitó Antioquia para impulsar su nuevo partido Republicano y buscar alianzas políticas para las elecciones regionales. La política confirmó que está analizando posibles alianzas con el expresidente Álvaro Uribe o el alcalde Federico Gutiérrez, dependiendo de los candidatos locales. Cabal aseguró que respaldarán buenos candidatos pero descartó cualquier pacto con el socialismo. Su partido se enfoca en promover una nueva derecha en América Latina basada en la defensa de instituciones públicas, familia, libertad de expresión y propiedad privada. La política continuará recorriendo diferentes zonas del país para fortalecer su colectividad.
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El expresidente Álvaro Uribe Vélez y la bancada del Centro Democrático consideran insuficientes los recortes al gasto público propuestos por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en la Ley de Rescate Fiscal. Tras una reunión de más de cinco horas este jueves 5 de noviembre, Uribe afirmó que 'el ahorro que propone el Gobierno es muy poco' y propuso eliminar entidades con funciones similares y fusionar dependencias para reducir costos. La bancada también expresó preocupación por el componente tributario de la iniciativa, particularmente por las posibles consecuencias de cambios en el IVA para hogares de ingresos medios y bajos.
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La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, desmintió las denuncias sobre presuntas órdenes para frenar investigaciones contra congresistas y particulares por ocupación indebida de baldíos. La respuesta se conoció el 5 de noviembre de 2026 tras un pronunciamiento del colectivo Sembrando Vida, que acusó a la dirección de la entidad de promover el archivo de expedientes sobre predios públicos que involucran a dirigentes políticos. Garrido negó haber impartido instrucciones para favorecer a congresistas o dirigentes partidistas, garantizando que su gestión no permitirá la manipulación de procedimientos administrativos. "No voy a favorecer a nadie. En mí no encontrarán una instrucción distinta a que las cosas se hagan bien", enfatizó la funcionaria, quien vinculó los señalamientos con una estrategia política liderada por el exdirector de la entidad Juan Felipe Harman.
La JEP anunció un plan de recortes en personal, sedes y protección a víctimas tras recibir un presupuesto de 2027 de $651.803 millones, $170 mil millones menos de lo proyectado. El nuevo presidente, Danilo Rojas Betancourth, informó que la sede de Chapinero se entregará en marzo y se trasladará a un edificio menor con teletrabajo, además de pedir al gobierno asumir la protección. Mientras tanto, el Tribunal Administrativo de Putumayo mantuvo por cuatro meses más la suspensión del piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, argumentando falta de certeza científica. En otro tema, Deicy Jiménez entregó su celular a la Fiscalía como prueba en su denuncia contra Petro por presuntos contratos a cambio de favores sexuales.
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El Concejo de Ibagué convocó un debate de control político para revisar el avance en la implementación de la restricción al uso de celulares para menores de 14 años en colegios públicos. El concejal Arturo Castillo citó a las secretarías de Educación y Cultura, y al IMDRI, para que informen sobre las acciones realizadas. El Acuerdo 018 de 2026 establece esta prohibición, con excepciones para actividades pedagógicas autorizadas, necesidades de salud o discapacidad y emergencias familiares. Aunque el acuerdo ya fue aprobado, su aplicación requiere que los colegios ajusten sus manuales de convivencia. Se espera que las nuevas reglas comiencen a aplicarse en el calendario académico de 2027.
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La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, denunció un faltante presupuestal de $3,7 billones en el programa Colombia Mayor durante 2026. Según afirmó, la anterior administración no habría pagado el ciclo de marzo y solo habría recursos para seis ciclos del año, afectando a cerca de 3 millones de beneficiarios. El exdirector Mauricio Rodríguez habría reconocido en un informe del 6 de agosto que con el presupuesto disponible solo alcanzaba para pagar la mitad del año, cuando se solicitaron 8,4 billones pero solo se asignaron 4,6 billones. La entidad también indicó que el ciclo de marzo no se entregó durante la administración anterior y nunca se realizó un pago doble para subsanarlo.