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Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, recibió tres contratos por contratación directa entre 2022 y 2023 en el gobierno de Gustavo Petro. Uno con el Ministerio del Interior y dos con Colombia Compra Eficiente, por un total de aproximadamente $19.000.000. Los contratos estaban relacionados con labores administrativas, logísticas y de apoyo a la gestión pública, incluyendo acciones para proteger derechos de comunidades wayú en La Guajira. La revista Semana no encontró informes de gestión asociados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Además, el liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, denunció ante la Fiscalía a ambas hermanas por presunta intervención irregular en el consejo directivo de FonIgualdad.
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El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira, ordenó suspender de manera inmediata el permiso laboral del exalcalde de La Jagua del Pilar, José Amiro Morón Núñez, quien cumple prisión domiciliaria. La decisión, adoptada mediante el Auto 721 del 30 de octubre de 2026, se tomó debido a la falta de garantías verificables sobre el funcionamiento del mecanismo de vigilancia electrónica que controla sus desplazamientos. El juzgado realizó varios requerimientos al Inpec para verificar el cumplimiento de las condiciones, sin obtener respuesta incluso después de conceder un plazo improrrogable de 48 horas. Por esta razón, el despacho ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen la actuación de los funcionarios del Inpec responsables de atender dichos requerimientos. Morón Núñez figura como procesado por delitos relacionados con concierto para delinquir y conductas contra los mecanismos de participación democrática.
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El director de Asuntos Indígenas de Riohacha denunció a un fiscal por presunta filtración de información que lo vinculó con narcotráfico. Arends Cerchiaro asegura que solo brindó asesoría jurídica sobre el predio San Ramón. La denuncia penal y queja disciplinaria fueron radicadas ante la Fiscalía, la Comisión de Disciplina Judicial y la Procuraduría.
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