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El Centro Nacional de Memoria Histórica denunció penalmente a un contratista por presunta falsedad documental en un proceso relacionado con el Museo de Memoria de Colombia. La irregularidad fue detectada durante la supervisión de un contrato para la adecuación museográfica en Bojayá, donde se encontraron cotizaciones cuyos presuntos emisores no las reconocían. El CNMH canceló la licitación 001 de 2026 por valor de 739 millones de pesos y anunció una revisión exhaustiva de todos sus procesos contractuales. El director del CNMH, D'mar Córdoba, reiteró el compromiso con la transparencia y la protección de los recursos públicos destinados a la memoria histórica del país. El proyecto forma parte de las iniciativas de reparación simbólica por la masacre del 2 de mayo de 2002 en Bojayá.
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El Gobierno de Gustavo Petro destinó más de 27.815 millones de pesos a un programa para llevar soluciones energéticas a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Chocó. Sin embargo, al finalizar el convenio en diciembre de 2025, no se había construido ninguna obra, solo 50 proyectos formulados y 740 personas capacitadas. Los recursos se destinaron principalmente a actividades administrativas, capacitaciones y estudios, mientras la Contraloría encontró dificultades para verificar el destino específico de los fondos administrados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El exministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reconoció que el objetivo principal no se cumplió y mencionó observaciones sobre la calidad de algunos estudios.
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Los salarios de los directivos del Fondo Milagro han generado controversia tras conocerse los valores asignados a varios funcionarios. El presidente Abelardo De la Espriella se pronunció públicamente, cuestionando los montos y asegurando que no dio su aprobación. El mandatario pidió revertir las decisiones sobre los honorarios y anunció medidas correctivas. La discusión comenzó tras la divulgación de documentos obtenidos mediante derecho de petición, según los cuales la nómina del fondo ascendería a 765 millones de pesos para 26 cargos concentrados en Pereira, a pesar de que el terremoto que motivó su creación afectó principalmente Chocó.