Fundación de primera dama enfrenta desacato por no entregar información
El senador Alejandro Ocampo presentó un incidente de desacato contra la fundación Colombia, Luz y Sonrisas, de la primera dama Ana Lucía Pineda, después de que venciera el plazo de 48 horas para entregar un nuevo reporte sobre donaciones recibidas desde el terremoto del 10 de agosto. Ocampo afirmó que el dinero no aparece en ninguna de las entidades donde debería estar registrado. La fundación ya había presentado un primer informe que señala haber recaudado $54.589.523.791 en donaciones, principalmente del sector privado, con el 81% correspondiente a la Familia Gilinski. El dinero estaría destinado a la reconstrucción de tres colegios y tres centros de salud en Cali, así como a la construcción de 35 nuevas casas en Quibdó y Dosquebradas.
Cabal vs Velasco: Choque por caso corrupción Ungrd
María Fernanda Cabal y Luis Fernando Velasco protagonizaron un intenso debate en redes sociales tras las declaraciones del exministro sobre su inocencia en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Cabal criticó a Velasco por su postura frente al desvío de recursos públicos destinados a emergencias, calificando de 'superioridad moral tan costosa' sus explicaciones. Velasco respondió asegurando que ni él ni Ricardo Bonilla han sido acusados de apropiación de fondos, adjuntando una grabación judicial donde un fiscal ratifica este punto. El exministro recuperó la libertad incondicional el 5 de noviembre de 2026, aunque el proceso penal continúa con el juzgamiento programado para el 2 de febrero de 2027 en la Corte Suprema de Justicia.
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Transparencia por Colombia investiga denuncias contra Petro
Transparencia por Colombia solicitó a las autoridades judiciales adelantar una investigación rigurosa e independiente sobre las denuncias conocidas como los 'sexocontratos' que involucran al expresidente Gustavo Petro. La organización alertó sobre una posible 'sextorsión' y pidió garantizar la protección de las personas que han entregado información. Las denuncias, realizadas por Deicy Jiménez, una excontratista, aseguran que habría recibido contratos estatales por recomendación de Petro a cambio de encuentros sexuales. La Fiscalía abrió una noticia criminal el 23 de octubre de 2026, mientras que la Corte Suprema de Justicia admitió para estudio una denuncia relacionada con Petro y la senadora María José Pizarro. La Procuraduría General de la Nación también abrió una indagación previa.
Fiscalía acusa a exministra María Isabel Urrutia por irregularidades en contratos
La Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra la exministra del Deporte y medallista olímpica María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Los hechos están vinculados con un convenio interadministrativo firmado el 30 de diciembre de 2022 para implementar un sistema de validación de ingreso de aficionados a escenarios deportivos, adjudicado directamente a la entidad Aldesarrollo por más de 4.950 millones de pesos. Según el ente de control, Urrutia habría omitido normativas legales que exigen garantizar pluralidad de oferentes, desatendió alertas preventivas emitidas por equipos técnico y jurídico del Ministerio del Deporte, y habría consignado datos no correspondientes a la realidad en documentos públicos. El caso continuará su trámite ante las instancias judiciales competentes para determinar la responsabilidad penal de la exministra, quien en el año 2000 conquistó la primera medalla de oro olímpica para Colombia en halterofilia en los Juegos de Sídney.
Expresidente Corte explica ruta jurídica caso sexocontratos Petro
El exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, analizó las rutas jurídicas aplicables en el caso de los presuntos 'sexocontratos' atribuidos al expresidente Gustavo Petro. Arrubla explicó que la competencia de las autoridades depende de si las conductas tienen vínculo con el ejercicio de la Presidencia. Si los hechos ocurrieron durante el mandato y guardan relación con funciones presidenciales, el Congreso podría mantener competencia; de lo contrario, serían conocidos por la Fiscalía y jueces penales ordinarios. El jurista subrayó que Petro conserva presunción de inocencia y que cualquier conclusión dependerá de las pruebas que valoren las autoridades competentes. También indicó que los testimonios, mensajes y documentos deben ser sometidos a verificación judicial, destacando que su autenticidad, contexto y pertinencia deben examinarse dentro de las actuaciones formales.
El director administrativo de Presidencia, Carlos Ríos, denunció amenazas y seguimientos tras alertar sobre una supuesta "instrumentalización" de mujeres a través de contratos en el gobierno de Gustavo Petro. Abelardo de la Espriella salió en su defensa afirmando que "quien se mete con Carlos Ríos se mete con el presidente de la República" y prometió garantizar su protección. Ríos había denunciado en octubre la existencia de 48 contratos firmados por mujeres que habrían sido utilizadas para "parrandear todos los días". La situación se complicó con las declaraciones de Delcy Jiménez, quien denunció haber recibido contratos a cambio de intimidad con Petro, lo que llevó a que la Corte Suprema ordenara una inspección en el Senado y la Fiscalía programara una audiencia para el 10 de noviembre.
Caso Deicy Jiménez: Corte Suprema tiene pruebas de sexocontratos
La Corte Suprema de Justicia ha recopulado un círculo de indicios y material probatorio en el caso por las denuncias de Deicy Jiménez, quien asegura que Gustavo Petro obtuvo favores sexuales de mujeres a cambio de contratos en el Estado. La Corte cuenta con el testimonio de la joven y el contenido de su teléfono celular, incluyendo un video donde aparecen ambos, los chats intercambiados durante años, fotografías de supuestas pertenencias del exmandatario y documentos de contratación. Está probado que Petro sí ordenó a Angie Rodríguez mantener el contrato de Jiménez en el Ministerio del Interior, según las pruebas recopiladas por la Corte Suprema.
María Isabel Urrutia acusada por contratos irregulares
La Fiscalía General de la Nación ha formulado acusación formal contra la exministra de Deporte María Isabel Urrutia por presuntas irregularidades en un contrato de 4.950 millones de pesos para implementar un sistema de validación de ingreso a estadios de fútbol. La investigación señala dos delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El convenio fue suscrito el 30 de diciembre de 2022 mediante figura de convenio interadministrativo con Aldesarrollo, desconociendo disposiciones que garantizan pluralidad de oferentes. Urrutia habría desestimado advertencias técnicas y jurídicas del Ministerio sobre posibles vicios en el proceso. Esta nueva acusación se suma a otra presentada en junio de 2025 por más de 100 contratos irregulares firmados en los últimos días de su gestión.
Roberto Prieto imputado por millón de dólares de Odebrecht
La Fiscalía imputó a Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014, por los presuntos delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. El ente acusador sostiene que Prieto habría ocultado un millón de dólares que la multinacional brasileña Odebrecht aportó a la campaña a través de pagos a estudios de opinión y estrategia política. La diligencia se realizó el 5 de noviembre de 2026, doce años después de las elecciones investigadas. Según la Fiscalía, Odebrecht firmó un contrato con la sociedad panameña Paddington Venture, vinculada a Sancho BBDO, para realizar estudios sobre la candidatura de Santos entre marzo y abril de 2014. La defensa pidió no dar legalidad a la imputación y la audiencia continuará el 11 de noviembre.
Day Vásquez llevaría a EE.UU. pruebas sobre campaña Petro
El periodista Santiago Ángel reveló que Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, estaría compartiendo con organismos de Estados Unidos evidencias sobre presuntos aportes económicos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Vásquez ha mencionado movimientos de dinero que, según su versión, habrían llegado a manos de Nicolás Petro, incluyendo sumas atribuidas a Samuel Santander Lopesierra, Gabriel Hilsaca y Óscar Camacho, que superarían los $400 millones cada uno. Además, estarían incluidas conversaciones privadas sobre reuniones en Cartagena en 2021 y 2022, donde se mencionó el posible consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. Estas pruebas podrían ser clave para las investigaciones que adelanta la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como la investigación del Consejo Nacional Electoral sobre irregularidades en la financiación de la campaña.
#corrupción#contratos#Ministerio del Deporte#María Isabel Urrutia#Fiscalía
La Fiscalía formuló acusación contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. La investigación se relaciona con un convenio interadministrativo suscrito con Aldesarrollo por más de 4.950 millones de pesos para desarrollar el Sistema de Validación Nacional de ingreso a estadios de fútbol. Según el ente investigador, el contrato se habría celebrado mediante contratación directa, desconociendo las disposiciones que exigen garantizar pluralidad de oferentes. La Fiscalía también identificó que habría habido subcontratación previamente acordada de una particular específica, además de ausencia de estudios de mercado y procedimientos para determinar el valor del contrato.
Un chat atribuido al expresidente Gustavo Petro habría revelado una orden directa para mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior. El mensaje, enviado el 12 de diciembre de 2025 a Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, contenía la frase: "Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de MinInterior". La orden se habría dado 19 días antes de que el contrato de $11,1 millones de Jiménez venciera, y en enero de 2026 la mujer firmó un nuevo contrato por $30 millones. El caso, que investiga diez contratos por cerca de $133 millones, ya está en manos de Fiscalía, Corte Suprema y Procuraduría, mientras Petro niega haber usado contratos estatales para obtener favores.