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La Fiscalía capturó en Neiva a Carlos Andrés Oyola, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras una investigación que se inició el 7 de agosto de 2026 para revisar posibles irregularidades en su paso por el organismo. La investigación contó con seguimiento y recopilación de información, con colaboración de la DNI que suministró datos sobre los movimientos de Oyola. El exfuncionario se había instalado en Neiva después de finalizar el gobierno de Gustavo Petro y se investiga si presentó incapacidades médicas expedidas por una clínica local para evitar su salida de la entidad.
El Colombiano · Barrancabermeja, Santander
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Diario del Huila · Neiva, Huila
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La Opinión · Nacional
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El Colombiano · Barrancabermeja, Santander
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Diario del Huila · Neiva, Huila
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La Gobernación de Antioquia negó el cupo solicitado para Miguel Andrés Quintero Calle en la Cárcel Departamental Yarumito, según comunicación de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz fechada el 6 de noviembre de 2026. La decisión fue suscrita por el brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien determinó que Quintero Calle no acreditó la condición de servidor público requerida para acceder a ese centro de reclusión. La administración departamental rechazó la petición presentada por el abogado defensor Felipe Alzate Gómez, quien buscaba que Quintero Calle fuera recibido en la Cárcel Departamental Yarumito de Varones y Anexo de Mujeres E.R.E. La entidad aclaró que su vínculo familiar con Daniel Quintero no puede reemplazar el requisito funcional exigido por el reglamento del establecimiento penitenciario.
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El alcalde Jonathan Vásquez enfrentará juicio oral desde el próximo 23 de noviembre en Barrancabermeja, acusado por la Fiscalía de crear una 'empresa criminal' para comprar votos en las elecciones de 2023. Según el ente acusador, Vásquez junto con otros candidatos habría organizado una estructura para pagar $100.000 por voto, utilizando un grupo de WhatsApp para coordinar las entregas y un 'call center falso' para contactar a votantes. La Fiscalía presentó pruebas recopiladas desde junio de 2023 hasta el día de las elecciones, el 28 de octubre, cuando se habrían entregado los pagos. Vásquez no se allanó a los cargos y enfrenta acusaciones de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y constreñimiento al elector.
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El exgerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), Ludwig Stünkel García, fue condenado en primera instancia por irregularidades en el contrato de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Angelinos. La sentencia de cinco años y cuatro meses de prisión se debe al delito de interés indebido en la celebración de contratos, por un proyecto que tuvo múltiples irregularidades incluyendo licitación con único oferente y pagos por $2.399 millones bajo investigación por presunto uso de facturas falsas. El contrato original, por $41.613 millones, nunca se completó en los 14 meses pactados, obligando al AMB a invertir más de $51 mil millones adicional para terminar la obra en 2021.
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El concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como 'Fuchi', denunció que de 512.080 vehículos inmobiliados en la ciudad, 1.761 conductores fueron declarados no infractores. Sin embargo, 1.678 de ellos habrían pagado más de $966 millones por servicios de grúas y patios, según cifras expuestas por el cabildante. Forero cuestionó a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la empresa Grúas y Patios Bogotá (GYP) por estos cobros, que calificó de abusivos. El concejal afirmó que los conductores asumieron cerca de $720 millones por el servicio de patios y otros $245 millones por las grúas, pidiendo explicaciones sobre el destino de estos recursos y si los valores cobrados fueron devueltos. Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial de las entidades involucradas sobre las cifras y los cuestionamientos.
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La fiscal general Luz Adriana Camargo habría ordenado cambiar el delito de terrorismo a asonada para 11 integrantes de la primera línea en Bogotá, según revela una reunión interna de la Fiscalía en junio de 2026. Cuando las fiscales se negaron a modificar los delitos o firmar un principio de oportunidad, el expediente fue retirado de sus manos mediante la Resolución 0171, y las fiscales fueron destituidas. Meses después, la Fiscalía ofreció acuerdos a los procesados con penas de 5 a 7 años, reduciendo su responsabilidad de autores a cómplices y retirando el delito de terrorismo en algunos casos, mientras afirma que no criminaliza la protesta social.
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El exconcejal Juan Camilo Tabares Alzate ha cuestionado posibles sobrecostos en el contrato de modernización semafórica de Armenia, valorado en $42.600 millones. Tras revisar documentos de contratación, denunció que elementos como botones peatonales, cámaras tipo domo y software tendrían precios contractuales superiores a los del mercado. Mientras tanto, la Alcaldía defiende los valores, asegurando que están respaldados por estudios de mercado y cotizaciones de empresas especializadas, y que incluyen costos de instalación y configuración. El exconcejal anunció que presentará formalmente su denuncia el lunes ante la Contraloría y la Procuraduría para que revisen los precios y determinen si corresponden a las condiciones técnicas y económicas del proyecto.
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La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá firmó un contrato por $2.936 millones para servicios logísticos que incluye almuerzos tipo buffet de $115.745 por persona, desayunos con tamal de $63.586, y transmisiones de eventos por $7.14 millones por cuatro horas. La concejal Diana Diago del Centro Democrático divulgó fragmentos del contrato SDIS-LP-003-2026 y cuestionó los precios, exigiendo al alcalde Carlos Fernando Galán explicaciones. El contrato también contempla onces santafereñas de $34.705, arreglos florales de $490.199 y alquiler de computadores empresariales por $340.201 diarios. Diago criticó que los recursos deberían destinarse a programas para personas en condición de vulnerabilidad en lugar de "derrochar" en estos servicios.
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El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, removió de sus cargos a seis funcionarios de su gabinete mediante el Decreto 590, acatando la suspensión de tres meses sin remuneración ordenada por la Personería del Distrito. La decisión se tomó tras la denuncia del periodista Diego Wualdrón Guerrero sobre presuntas irregularidades contractuales por más de $107.000 millones adjudicados en plena Ley de Garantías al empresario Jorge Humberto Arguello, conocido como 'Bachiller'. Los funcionarios apartados son Jessi Stivent Moreno (secretario general), Maribel Benítez Perea (secretaria de Planeación), Óscar Enrique Jaramillo (secretario de Hacienda), Dayron Oswaldo Aguilera (asesor de despacho), Johana Paola Santos (secretaria de Infraestructura) y Laura Vanessa Rangel (directora de Planeación Institucional). La Personería ordenó compulsar copias a la Fiscalía para investigar la posible participación del alcalde y otros funcionarios en estos contratos.
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Un juez de Bogotá ordenó desarchivar el proceso contra la empresaria Esther Inés Porto Tobías por una presunta estafa de 400.000 dólares a Adriana Angulo Santana. La decisión se tomó el pasado 15 de octubre, tras encontrar irregularidades en la resolución con la que una fiscal cerró el caso en enero de 2020. La denunciante había asegurado que Porto Tobías la engañó para que invirtiera sus ahorros en un negocio que nunca se concretó. El juez determinó que la fiscal Beatriz Sierra Cruz no tenía fundamento jurídico para ordenar el archivo, pues para ese momento la empresaria ya había sido acusada y el expediente había avanzado hasta la presentación del escrito de acusación.
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El Juzgado 46 Penal de Bogotá negó la tutela presentada por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, para regresar a una guarnición militar y continuar cumpliendo su condena en La Picota. El exfuncionario buscaba dejar sin efecto su traslado al centro penitenciario argumentando riesgos para sus derechos fundamentales. Según el juez, no se acreditó una vulneración concreta de sus derechos y el traslado se realizó con autorización de las autoridades competentes. Pinilla fue condenado en abril de 2025 a cinco años y ocho meses de prisión por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación en el caso de corrupción de la Ungrd. Inicialmente recluido en el Cantón Militar Caldas desde agosto de 2024, fue trasladado a La Picota el 4 de octubre por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella.
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El Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá ordenó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama Ana Lucía Pineda, explicar en 48 horas el manejo de donaciones para víctimas del terremoto. La medida responde a una tutela presentada por el senador Alejandro Ocampo, quien desde agosto solicitaba información sobre los recursos. La fundación reportó haber recaudado $54.589 millones en donaciones privadas, principalmente de la Familia Gilinski, destinados a reconstrucción de colegios y centros de salud en Cali y construcción de viviendas en Quibdó y Dosquebradas.
La Opinión · Nacional
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El Colombiano · Barrancabermeja, Santander
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