Fraude en SAP de Medellín: $1.218 millones en impuestos
La Alcaldía de Medellín descubrió un grave caso de corrupción en la Secretaría de Hacienda donde un contratista adulteraba información tributaria en el Sistema de Aplicación de Productos (SAP). El excontratista Daniel Rojas, quien prestaba servicios desde 2012, manipulaba registros para que las obligaciones fiscales de al menos diez empresas no fueran visibles en consultas habituales, aunque continuaban en el sistema. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el implicado fue despedido inmediatamente tras confesar los hechos y anunció que se judicializará ante la Fiscalía. La cartera asociada supera los $1.218 millones de pesos, pero gracias a la oportuna detección, el Distrito logró revertir los registros alterados y activar procesos de cobro coactivo.
Capturan cuatro funcionarios de DIAN por exportaciones ficticias
La Fiscalía capturó a siete personas en Cúcuta e Ipiales por un presunto esquema de exportaciones ficticias de aceite de palma y soya hacia Ecuador. Cuatro de los detenidos son funcionarios de la DIAN en Ipiales. Según la Fiscalía, la maniobra habría permitido justificar el ingreso al país de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito entre 2020 y 2023. El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras las capturas, indicando que una investigación identificó 633 exportaciones falsas y advirtió que "no habrá intocables".
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Alcalde de Villa de Leyva a juicio por presunta coima
Este viernes 13 de noviembre comenzó el juicio contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de concusión y prevaricato. El proceso se relaciona con un caso en el que se le acusa de exigir más de 100 millones de pesos a cambio de permitir un proyecto inmobiliario. La audiencia preparatoria definirá las pruebas que se usarán en el juicio, incluyendo más de 100 elementos como conversaciones de WhatsApp, registros bancarios y testimonios. La investigación tomó fuerza tras conocerse grabaciones de llamadas en las que, según la Fiscalía, el alcalde habría solicitado ese dinero a cambio de omitir procesos sancionatorios relacionados con irregularidades ambientales y patrimoniales en el proyecto.
Contratista de Medellín acusado de irregularidades en deudas tributarias
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció presuntas irregularidades cometidas por un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda. Según la investigación, el trabajador habría manipulado la plataforma de planificación de recursos empresariales para eliminar pasivos tributarios de 10 empresas con deudas con el distrito. La cartera asociada a estas empresas supera los 1.200 millones de pesos. El alcalde confirmó que se ha solicitado a la Fiscalía investigar la conducta y la posible participación de las empresas en el entramado irregular.
Concejal denuncia irregularidades en APP de El Campín
El concejal de Bogotá Juan David Quintero radicó un informe de más de 70 páginas ante organismos de control que plantea presuntas irregularidades en la Asociación Público-Privada (APP) de El Campín, un proyecto cuyo valor estimado se acerca a $2,4 billones. El documento fue entregado a la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, y solicita investigar posibles conflictos de interés, cambios contractuales, condiciones financieras y la supervisión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd).
Procuraduría exoneró a exfuncionarios de Quintero en caso Aguas Vivas
La Procuraduría declaró no probadas las conductas contra siete exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en el caso del predio Aguas Vivas. Los investigados, integrantes del comité de conciliación del Distrito de Medellín, fueron señalados de presuntas irregularidades en la transferencia y devolución del predio, avaluado en más de 40.000 millones de pesos. Según la entidad, las acciones fueron desvirtuadas y se ordenó el archivo definitivo del caso, argumentando que la prescripción de la acción disciplinaria no obedeció a irregularidades atribuibles a los servidores públicos.
Exfuncionaria de San Roque condenada por desfalco de $5.275 millones
Una exfuncionaria de San Roque, Antioquia, fue condenada a 12 años de prisión por apropiarse de $5.275 millones del erario municipal entre 2021 y 2024. Eliana Yesenia Castro Sánchez, quien se desempeñaba como funcionaria de la Secretaría de Hacienda, utilizó tres mecanismos para desviar los recursos: transferencias directas a sus cuentas, pagos falsos a proveedores y modificaciones de transacciones para cobrar cantidades superiores. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó determinó su responsabilidad por los delitos de apropiación de recursos públicos y falsificación de documentos, tras la aceptación de cargos realizada por la acusada en abril de 2026. Además de la pena de cárcel, la sentencia incluye una multa de 33.333 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición de ejercer funciones públicas por casi cuatro años.
Defensas piden anular imputaciones por peculado militar en Quindío
En audiencia en Armenia, dos defensas solicitaron la nulidad de las imputaciones en el caso de presunto uso irregular de vehículos militares para transportar mercancías privadas. Los abogados de Didier Benavides y Cristian Pinto cuestionaron que la Fiscalía no delimitó suficientemente las 13 conductas de peculado por uso atribuidas a sus representados. Por su parte, la defensa de Deivy Rodríguez, comandante del Batallón Cacique Calarcá, pidió claridad sobre su presunta participación. La Fiscalía se opuso a las nulidades, explicando que cada salida representó una utilización independiente de los vehículos oficiales. La jueza no resolvió las solicitudes y programó una nueva audiencia para el 28 de enero de 2027.
Abogado de Quintero denuncia estafa y hostigamientos
El abogado Felipe Alzate Gómez, defensor de Miguel Andrés Quintero Calle, denunció actos de hostigamiento y un intento de estafa mediante suplantación de funcionarios judiciales. Personas que se hicieron pasar por empleados del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín contactaron a la esposa de Quintero, solicitando dinero para un trámite judicial. Alzate aseguró que los estafadores conocían detalles de una acción de tutela presentada por la defensa, incluyendo el magistrado del Tribunal Superior de Medellín que la había asumido y una supuesta comisión para actualizar una orden de arraigo. El defensor reportó los hechos ante la Fiscalía General de la Nación y pidió una investigación para identificar a los responsables y determinar cómo obtuvieron información del proceso. Además, Alzate afirmó haber recibido hostigamientos reiterados y sistemáticos que buscan afectar su ejercicio de la defensa técnica.
Nuevos chats revelan que el expresidente Gustavo Petro habría gestionado un cargo para Deicy Jiménez en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Según conversaciones divulgadas por SEMANA, el 25 de julio de 2026, Nhora Mondragón Ortiz, entonces directora del Dapre, le habría preguntado a Jiménez sobre su experiencia laboral y expectativas salariales, manifestándole que 'el señor Presidente me pidió vincularte'. Dos días después, Jiménez habría expresado su inconformidad al conocer que su hoja de vida fue enviada al hospital, preguntando '¿Qué? Yo no soy enfermera?'. El hospital confirmó recibió su documentación el 27 de julio para un cargo de auxiliar administrativo, pero precisó que el proceso no avanzó y Jiménez nunca fue nombrada.
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La Fiscalía General de la Nación capturó al empresario Arvey Duque Villamizar en Cúcuta el pasado martes 10 de noviembre por su presunta participación en una red de falsas exportaciones. Según el ente acusador, entre 2020 y 2023 se habrían registrado exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador, lo que habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito. En la operación fueron capturadas siete personas, incluyendo cuatro funcionarios de la Dian en Ipiales, quienes habrían certificado falsamente la salida de los productos. Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías y se les imputaron los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, y falsedad ideológica en documento público.
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El empresario Álvaro Janio Barbosa denunció que un agente de tránsito de Girón condujo su Mercedes-Benz inmovilizado durante un operativo de control. El vehículo fue retenido el 7 de noviembre por no contar con SOAT vigente, pero horas después, según el empresario, su hijo lo vio circulando manejado por un funcionario. La Dirección de Tránsito de Girón explicó que el agente tuvo que conducir el vehículo debido a dificultades técnicas para subirlo a la grúa, asegurando que el traslado fue necesario para evitar daños. El caso ha generado controversias entre la versión del empresario y la explicación oficial de las autoridades.