
📸 Foto: El Universal

📸 Foto: El Universal
La Fiscalía investiga a siete integrantes del Ejército Nacional por presuntamente haber obtenido más de 10 millones de pesos mediante el cobro irregular de viáticos por comisiones de servicio que no habrían realizado. Los hechos ocurrieron entre enero y abril de 2025 en un batallón de operaciones terrestres en Cúcuta, Norte de Santander. Los investigados, incluyendo al capitán Carlos Andrés Chía Sánchez y seis sargentos, ocupaban cargos administrativos y logísticos en la unidad militar. La investigación reveló inconsistencias en la documentación presentada para justificar los desplazamientos, lo que llevó a su captura en siete ciudades del país. Los uniformados fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, aunque no aceptaron los cargos.
Diario del Huila · Neiva, Huila
📸 Foto: Diario del Huila
Infobae Colombia · Nacional
📸 Foto: Infobae Colombia
La Opinión · Nacional
📸 Foto: La Opinión
Diario del Huila · Neiva, Huila
📸 Foto: Diario del Huila
Infobae Colombia · Nacional
📸 Foto: Infobae Colombia
La Opinión · Nacional
📸 Foto: La Opinión
📸 Foto: Pulzo
Indira Isabel Molina Ariza, quien fue inspectora de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro, ahora ejerce como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Durante su gestión en la DNI, investigó irregularidades incluyendo la compra de un dron por 9.000 millones de pesos que terminó siniestrado en el Catatumbo, y el caso de Carlos Andrés Oyola Tovar, contratista vinculado a una red de piratas informáticos. Molina intentó informar personalmente al presidente Petro sobre estas anomalías, pero no pudo acceder a la Casa de Nariño debido a filtros internos. La tensión generada por sus investigaciones la llevó a renunciar a su cargo en la DNI para asumir su posición actual en la magistratura.
📸 Foto: La Nación
La Contraloría declaró fiscalmente responsable a Diana Milena Gómez Claros, ex tesorera de Garzón, por el desfalco de 581 millones de pesos de las cuentas municipales. La investigación reveló que el robo no fue un ciberataque, sino una operación coordinada desde la Alcaldía. El Tribunal Superior de Neiva permitirá investigar a funcionarios de la alcaldía y del Banco Davivienda por su posible participación en el fraude ocurrido en abril de 2020.
📸 Foto: Vanguardia
Diamilis Mantilla Blanco, asesora comercial del Banco Colpatria en Bucaramanga, lideró un desfalco de $10.000 millones durante 17 años. La empleada, que trabajaba en la sucursal desde 1999, abandonó su cargo en 2016 tras descubrirse irregularidades en un CDT. La investigación judicial, que ocupó más de 4.000 folios, reveló una cadena de falsificaciones de firmas y documentos. En 2024, fue condenada a 104 meses de prisión pero se le concedió prisión domiciliaria por cuidar a una hermana mayor con problemas psiquiátricos. El banco indemnizó a 21 familias afectadas, incluyendo una que recibió $2.093 millones por 38 CDTs fraudulentos.
📸 Foto: Vanguardia
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una vigilancia sobre un proyecto de infraestructura en San Andrés, Santander, tras recibir alertas de la gerencia del hospital local. La institución sanitaria reportó posibles modificaciones en las cantidades de obra y precios respecto al proyecto inicialmente aprobado por el Ministerio de Salud, además de dificultades para reanudar los trabajos suspendidos desde el 30 de abril de 2026. Ante esta situación, el ente de control ha requerido información a la ESE y al Ministerio de Salud para verificar las modificaciones realizadas, los soportes técnicos y el estado de los contratos de obra e interventoría. La Procuraduría busca establecer las medidas implementadas para garantizar la continuidad de la atención a los usuarios, los recursos ejecutados y pendientes, así como las actividades restantes para culminar el proyecto.
📸 Foto: Infobae Colombia
La Contraloría de Bogotá identificó dos hallazgos administrativos con posible alcance disciplinario por fallas en la imposición de comparendos y en los cobros por grúas y patios en la capital. Los hallazgos revelan que 503 sanciones fueron exoneradas por deficiencias en los procedimientos de los agentes, mientras 1.678 ciudadanos declarados no infractores pagaron más de $966 millones por la inmovilización de sus vehículos. Las observaciones se conocen tras las denuncias de conductores y motociclistas sobre presuntos procedimientos irregulares, sanciones sin fundamento e inmovilizaciones que generaron costos aun cuando los afectados fueron exonerados.
📸 Foto: Vanguardia
La modernización del Hospital Caicedo y Flórez de Suaita, en Santander, enfrenta serios cuestionamientos por presuntas irregularidades que suman $4.154 millones. Esta cifra corresponde a la diferencia entre lo aprobado por el Ministerio de Salud y lo contratado por el centro asistencial en 2023. Los cambios en las cantidades de obra y los precios, realizados sin autorización del Gobierno Nacional, han derivado en denuncias ante los organismos de control y mantienen en incertidumbre una intervención que debía estar terminada en julio de 2025. Aunque el Minsalud giró $13.839 millones para esta iniciativa, dichos recursos no alcanzarían para cumplir la meta trazada, según ha señalado el consorcio a cargo de la obra, que mantiene su disposición a terminar el proyecto que tiene un avance del 64%.
📸 Foto: Caracol Radio
La Personería de Medellín abrió una indagación previa contra un funcionario de la Secretaría de Hacienda del distrito, denunciado por la alcaldía por presuntamente manipular registros tributarios. Esta acción habría permitido a 10 empresas evadir pagos al distrito por más de 1.200 millones de pesos. La Personería busca individualizar a todos los posibles responsables de estas conductas, que podrían constituir una vulneración de los deberes de la función pública. Según Yenny Teresita Serna, Personera Delegada, esta etapa preliminar servirá para determinar si existe mérito para abrir una investigación disciplinaria formal.
📸 Foto: El Frente
La licenciada Nelly Mejía Reyes, exsecretaria de Educación de Santander, fue absuelta por el Tribunal Superior de Bucaramanga de los dos delitos que la mantuvieron vinculada a un proceso penal durante casi una década. La decisión, adoptada en audiencia pública el 13 de noviembre de 2026, representa un giro definitivo frente a la condena parcial que había recibido en mayo de 2024. El caso estaba relacionado con un contrato por $2.478 millones firmado en 2015 para vigilancia en instituciones educativas del departamento.
📸 Foto: El Diario
📸 Foto: El Colombiano Antioquia
La veeduría Red Ver denunció ante la Fiscalía posibles irregularidades en la enajenación del lote del Daviarena en Sabaneta, involucrando a Laura Sarabia, su hermano Andrés Sarabia, y varios exdirectores de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La investigación surge tras la exclusión de alias 'El Arquitecto' de la Lista Clinton, quien figuró como propietario original del terreno. El centro de eventos, inaugurado el 14 de noviembre de 2026, fue construido por el grupo CLK tras una subasta cuestionada donde adquirieron el predio por $51.000 millones, por debajo del avalúo catastral.
📸 Foto: Crónica del Quindío
El Fondo Milagro, creado para atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, enfrenta cuestionamientos por su elevada nómina mensual de $765 millones y avances en la reconstrucción. La senadora Kamelia Zuluaga reveló que solo 27 personas están vinculadas formalmente al organismo, pero con salarios superiores a los de ministros del Gobierno. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó revisar estos montos, que incluyen $39 millones para el gerente Jaime Andrés Uribe. El costo conjunto de nómina y administración superaría los $1.000 millones mensuales, generando dudas sobre la proporcionalidad frente a las necesidades de los damnificados.
Jaime Andrés Uribe Tamayo renunció como gerente del Fondo Milagro este viernes 13 de noviembre, un día después de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara reversar la escala salarial de la entidad. La decisión se produjo en medio de una polémica por una nómina cercana a $765 millones mensuales con 27 personas vinculadas, donde 20 recibían remuneraciones superiores a los $30 millones. El gerente devengaba $39.441.454 mensuales, mientras que su secretario privado y director jurídico recibían cerca de $36 millones cada uno, representando alrededor del 14,5% del total de la nómina cuestionada. La entidad, encargada de la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, había suscrito apenas dos contratos con corte al 9 de noviembre.