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Un velorio en el barrio Carora de Cúcuta terminó en tensión cuando dos hombres fueron capturados portando revólveres. Omar Serrano, de 22 años, y Tomás Rodríguez, de 35 años, fueron sorprendidos por la comunidad durante la despedida de un allegado. Según las autoridades, ambos portaban armas calibre 38 sin permisos. Al llegar los policías, los hombres presuntamente intentaron desenfundar sus armas, lo que provocó su reducción por la fuerza. Los detenidos tendrían vínculos con bandas delincuenciales Familia P y AK-47, con presencia en el centro de Cúcuta. Serrano registra antecedentes por hurto agravado, violencia contra servidor público y microtráfico. Ambos fueron capturados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
La Opinión · Ocaña, Norte de Santander
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El Colombiano Antioquia · Dabeiba, Antioquia
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Infobae Colombia · Cúcuta, Norte de Santander
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La Silla Vacía · Nacional
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La Opinión · Ocaña, Norte de Santander
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El Colombiano Antioquia · Dabeiba, Antioquia
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Deicy Jiménez Ramírez salió en defensa de Vicky Dávila tras las críticas del caricaturista Matador, a quien acusó de machismo e inseguridad. A través de sus historias de Instagram, Jiménez rechazó los calificativos utilizados por González contra Dávila y destacó la preparación profesional de la comunicadora. La periodista aseguró que fue quien contactó a Dávila y negó haber sentido algo por Matador. "Vicky es mucho más inteligente y preparada de lo que usted quisiera reconocer. Como no puede enfrentarla con argumentos, recurre a los insultos", escribió Jiménez. La respuesta se produjo después de que Matador cuestionara el cubrimiento del video que Jiménez divulgó junto al expresidente Gustavo Petro y volviera a utilizar el calificativo de "la primera moza de la nación" contra Dávila.
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El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barrancabermeja suspendió provisionalmente la Resolución 7904 del 3 de junio de 2025, mediante la cual EDUBA transfirió el predio de la capilla San Luis Beltrán a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. La decisión se tomó tras una demanda de siete ciudadanos que argumentaron que se enajenó un inmueble protegido por su valor histórico y cultural. La jueza Ibeth Dayana Guerra Fajardo determinó que la capilla es Bien de Interés Cultural según el Decreto 224 de 1997 y el Acuerdo 018 de 2002, por lo que está sometida a régimen especial de protección. La transferencia ya había sido inscrita el 25 de junio de 2025, pero el juzgado ordenó abstenerse de realizar actos de disposición sobre el predio mientras dure la medida cautelar. La decisión no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad de la transferencia, que deberá resolverse en la sentencia final del proceso de nulidad.
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El exgerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), Ludwig Stünkel García, fue condenado en primera instancia por irregularidades en el contrato de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Angelinos. La sentencia de cinco años y cuatro meses de prisión se debe al delito de interés indebido en la celebración de contratos, por un proyecto que tuvo múltiples irregularidades incluyendo licitación con único oferente y pagos por $2.399 millones bajo investigación por presunto uso de facturas falsas. El contrato original, por $41.613 millones, nunca se completó en los 14 meses pactados, obligando al AMB a invertir más de $51 mil millones adicional para terminar la obra en 2021.
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Santander enfrenta una paradoja en su sector turístico: mientras aumenta el número de visitantes, la hotelería formal reporta dificultades económicas. Según datos de enero a abril de 2026, la ocupación hotelera alcanzó solo el 48,4%, con disminución de ingresos reales del 5,1% y empleo cayendo 4,1%. Este fenómeno se atribuye en parte a la proliferación de plataformas digitales que ofrecen alternativas de alojamiento, creando competencia desigual con casi tantas camas en viviendas turísticas como en hoteles formales. El problema se agrava con deficiencias en infraestructura básica, como restricciones en el suministro de agua en municipios turísticos como Barichara, Zapatoca y El Socorro, donde una solución definitiva de acueducto podría superar los 40.000 millones de pesos.
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El presidente Gustavo Petro enfrenta denuncias sobre el uso de recursos públicos en contratos relacionados con su entorno sentimental. Verónica Alcocer, su exesposa, recibió más de $1.000 millones en contratos para su equipo cercano desde enero de 2024, según documentó La Silla Vacía. Además, se reportaron $112,5 millones en viajes internacionales realizados entre 2022 y 2023. En febrero de 2026, El Colombiano reveló cerca de $1.500 millones en contrataciones para su fotógrafo y maquillador. El caso más reciente involucra los llamados «sexocontratos», donde Deicy Jiménez denunció haber recibido contratos estatales a cambio de encuentros íntimos con Petro por más de $100 millones. La Fiscalía investiga estos hechos, mientras se habla de 48 mujeres presuntamente instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios.
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El 11 de octubre de 1981, Leonel Cala, conocido como 'Calitas', fue asesinado durante una balacera en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, donde se disputaba un partido entre el Atlético Bucaramanga y el Junior de Barranquilla. Su padre, Ernesto Cala, no pudo superar la tragedia y falleció dos años después. Magaly Cala Rodríguez, hija de Ernesto, nació 25 días después del asesinato de su hermano y nunca conoció a su padre ni a su hermano. Recientemente, Magaly contactó al periodista que cubrió la tragedia para buscar justicia y conocer más sobre las sentencias ganadas al Estado.
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En un artículo de opinión publicado el 8 de noviembre de 2026 en Vanguardia, el autor expresa sus aspiraciones para Colombia, Santander y Bucaramanga en el mediano y largo plazo. Destaca la importancia de lograr paz, fortalecimiento institucional, desarrollo económico y superar la pobreza y la corrupción. Menciona el potencial del fracking en Puerto Wilches para recuperar la autosuficiencia energética y la explotación agroindustrial de la Altillanura. También aborda la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte en Santander, incluyendo la doble calzada Bucaramanga-Zipaquirá, y el desarrollo de un sistema de transporte público eficiente para el área metropolitana de Bucaramanga.
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Cuatro meses después de que un juez ordenara la recuperación del Parque de Mejoras Públicas en Bucaramanga, la Alcaldía aún no ha radicado los documentos necesarios para cumplir el fallo. La administración municipal no ha presentado ante el Concejo el proyecto de acuerdo para reorganizar la Sociedad de Mejoras Públicas como entidad pública, ni ha enviado a la Cámara de Comercio y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos los documentos que soportan la sentencia. El juez fijó 15 días para estos trámites, pero el Municipio presentó un cronograma de seis meses que apenas comenzaría con la instalación de una mesa técnica aún pendiente de aprobación. Esta situación ha llevado al abogado de la comunidad a solicitar al juez fijar términos improrrogables y abrir un incidente de desacato en caso de incumplimiento, lo cual podría acarrear sanciones de hasta 50 salarios mínimos para los funcionarios responsables.
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Las contralorías territoriales de Colombia muestran una ineficiencia alarmante según un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Entre 2019 y 2023, estas 32 entidades departamentales gastaron $858.067 millones en funcionamiento y apenas recuperaron $53.635 millones por responsabilidad fiscal, con una efectividad cercana al 6%. Solo el 10% de los 12.469 procesos analizados llegaron a fallo definitivo. La Contraloría de Bogotá tiene un presupuesto de $287.490 millones para 2026, mientras que la de Chocó gastó cerca de $15.000 millones en cinco años y recuperó solo $38 millones. Se propone eliminar estas contralorías territoriales y concentrar el control fiscal en una Contraloría General más pequeña, técnica e independiente, con el contralor general elegido por concurso de méritos y no por el Congreso.
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El río de Oro, vital para el área metropolitana desde el siglo XVI, sufre una grave contaminación por décadas de vertimientos de aguas residuales de Bucaramanga y Girón. La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se presenta como solución urgente, con capacidad para tratar 180 millones de litros diarios y beneficiar a más de un millón de habitantes. Aunque ya se han avanzado en estudios, licencia ambiental y declaración de importancia estratégica con aportes de $1,29 billones entre 2027 y 2035, aún faltan trámites como la viabilidad financiera definitiva, trámites prediales y concepto técnico del Ministerio de Vivienda. Las próximas administraciones municipales elegidas en 2027, junto con EMPAS y CDMB, tendrán el reto de sacar adelante este proyecto prioritario para la infraestructura del departamento.
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El área metropolitana de Bucaramanga registró 210 víctimas de homicidio intencional entre enero y septiembre de 2026, un aumento del 28% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según la Policía Metropolitana, estos crímenes ya no obedecen a riñas o hechos aislados, sino a asesinatos planificados asociados a estructuras criminales que se disputan el control de economías ilícitas. Bucaramanga lidera las cifras con 116 casos, seguida de Floridablanca con 40, Piedecuesta con 33 y Girón con 21, siendo este último el único municipio que logró reducir los homicidios. Las autoridades señalan que la violencia está relacionada con disputas territoriales entre actores delincuenciales por el control de rentas ilícitas, especialmente el tráfico local de estupefacientes y la extorsión.
Infobae Colombia · Cúcuta, Norte de Santander
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La Silla Vacía · Nacional
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