
Ley 2640: justicia y desmantelamiento del poder criminal
Colombia implementó la Ley 2640 el 4 de noviembre de 2026, estableciendo una ruta para que organizaciones armadas ilegales transiten hacia la legalidad mediante sometimiento a la Constitución y ley. A diferencia de políticas anteriores, esta ley no reconoce a las organizaciones como interlocutores políticos, sino que exige abandonar armas, colaborar con justicia, entregar información, reparar a víctimas y desmantelar estructuras. La ley surge tras experiencias donde la salida de jefes armados no significó la desaparición de estructuras económicas que sostienen criminalidad, generando preocupaciones sobre posibles beneficios para quienes mantienen actividades criminales bajo nuevas denominaciones.