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La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué convocó una sesión extraordinaria para el 18 de noviembre en el Hotel Estelar, donde intentará elegir un presidente ejecutivo en propiedad. La decisión se toma tras la polémica destitución de Carlos Hernando Enciso Pérez en octubre y el posterior desistimiento de Victoria Castillo por los cuestionamientos sobre politización del ente cameral. Fuentes indican que se podría proponer a Juan Manuel Lozano Rodríguez, exsecretario de Gobierno de Ibagué, aunque el delegado del Gobierno Nacional, Efraín Valencia, considera más prudente esperar a la nueva Junta Directiva que se elegirá el 3 de diciembre.
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Óscar Barreto, exgobernador del Tolima, expresó su intención de volver al cargo y prometió resolver el problema de seguridad en el sur del departamento si la actual administración no logra mejorar las condiciones. Durante un encuentro con seguidores, Barreto aseguró que el 90% de los cafeteros del sur están siendo extorsionados y responsabilizó al anterior gobierno por el retiro de tropas militares que, según él, facilitó la expansión de grupos guerrilleros. El político conservador reconoció el trabajo de la gobernadora Adriana Magali Matiz, pero afirmaría que si no recupera la seguridad en este año, él asumiría esa tarea.
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El representante a la Cámara por el Tolima, Marco Emilio Hincapié, cuestionó los presuntos salarios millonarios que se estarían pagando al personal del Fondo Milagro, creado para atender a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. A través de su cuenta de X, el congresista compartió una tabla con diferentes cargos y valores salariales, en la que aparecen remuneraciones de hasta $39,4 millones para la gerencia y de $33 millones para varios puestos de coordinación y dirección. Hincapié manifestó su preocupación sobre la destinación de los recursos, señalando que mientras los damnificados siguen sin recibir ayudas después de tres meses del terremoto, se estarían pagando salarios elevados al personal del fondo.
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El diputado del Tolima Giovanny Molina defendió la gestión de la gobernadora Adriana Magali Matiz frente a la minería ilegal, respondiendo a cuestionamientos de representantes a la Cámara. Molina criticó al Gobierno de Gustavo Petro, señalando que bajo su administración las hectáreas afectadas por minería ilegal pasaron de 94 mil a 118 mil entre 2022 y 2025. El diputado aseguró que esta actividad mueve cerca de 7 billones de pesos y financia directamente a grupos armados ilegales. Molina también cuestionó las políticas ambientales en el departamento y defendió la propuesta de modificar la legislación para diferenciar a pequeños mineros de estructuras criminales.
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Hilda Martínez de Jaramillo, excongresista liberal y matriarca de una de las dinastías políticas más influyentes del Tolima, falleció este viernes 6 de noviembre de 2026 a los 100 años de edad. Nacida en Turmequé, Boyacá, el 4 de octubre de 1926, construyó una destacada carrera política que incluyó cargos como concejal de Ibagué, diputada de la Asamblea del Tolima, representante a la Cámara y senadora de la República. Durante su paso por el Legislativo impulsó la Ley 6ª de 1991, que reguló por primera vez el ejercicio de la anestesiología en el país. Martínez de Jaramillo fue históricamente reconocida como la 'cacica liberal del Tolima' y junto a su esposo, el médico Alfonso Jaramillo Salazar, contribuyó decisivamente a construir las mayorías liberales que llevaron a Julio César Turbay Ayala a la Presidencia en 1978. Su familia ha mantenido una presencia significativa en la política nacional durante más de medio siglo.
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El Concejo de Ibagué convocó un debate de control político para revisar el avance en la implementación de la restricción al uso de celulares para menores de 14 años en colegios públicos. El concejal Arturo Castillo citó a las secretarías de Educación y Cultura, y al IMDRI, para que informen sobre las acciones realizadas. El Acuerdo 018 de 2026 establece esta prohibición, con excepciones para actividades pedagógicas autorizadas, necesidades de salud o discapacidad y emergencias familiares. Aunque el acuerdo ya fue aprobado, su aplicación requiere que los colegios ajusten sus manuales de convivencia. Se espera que las nuevas reglas comiencen a aplicarse en el calendario académico de 2027.
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