Recorte presupuestal a JEP genera debate sobre justicia transicional

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El presupuesto de 2027 asignó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) $651.803 millones, $170.000 millones menos que el proyecto inicial del Gobierno y 16,6% por debajo del presupuesto vigente de 2026. La inversión quedó en $34.119 millones. La JEP advierte que este recorte afectará audiencias en territorio, representación de víctimas, defensa de comparecientes, investigación, protección y seguimiento de sanciones. El país enfrenta una restricción fiscal real, y el Gobierno exige austeridad a todas las entidades, pero debe garantizar la suficiencia presupuestal para la justicia del sistema de paz según el Acto Legislativo 01 de 2017. Se propone que la JEP y el Ministerio de Hacienda publiquen en treinta días un piso de operación judicial para 2027, detallando cobertura mínima, costo unitario, meta anual, ahorro posible y riesgo de incumplimiento por cada garantía.
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Por qué importa
Este recorte podría afectar directamente el acceso a justicia de las víctimas y el debido proceso de los comparecientes, poniendo en riesgo la credibilidad del sistema de paz. La decisión también establece un precedente importante sobre cómo el manejo presupuestal puede impactar la implementación de la justicia transicional en Colombia.
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