Procuraduría investiga irregularidades en consulado de Colombia en Tijuana

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La Procuraduría General de la Nación asumió la investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el Consulado de Colombia en Tijuana, México, al incorporar el proceso que adelantaba la Cancillería. El caso surgió tras detectar pagos y obligaciones asociadas a una oficina que nunca entró en funcionamiento. La sede fue creada durante el gobierno Petro mediante Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, pero dos años después no había comenzado a atender al público ni disponía de una sede operativa. La funcionaria Maryory Ecinedth Pabón Gavilán recibió más de USD 153,000 como cónsul provisional entre enero y octubre de 2026, incluyendo USD 14,700 mensuales y USD 20,338 por viáticos. La Cancillería, ahora bajo la administración de Abelardo de la Espriella, canceló la sede tras constatar que el contrato de arrendamiento no tenía asignación presupuestal.
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Por qué importa
El caso afecta las finanzas públicas colombianas y genera dudas sobre la transparencia en la gestión de recursos diplomáticos. Además, pone en evidencia posibles irregularidades en la contratación de personal y la ejecución de proyectos de infraestructura en el exterior.
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