Administradores 'atornillados': obstáculos legales en propiedad horizontal

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En conjuntos residenciales de Colombia, es cada vez más común que administradores removidos se nieguen a entregar libros, cuentas y claves bajo el argumento de que la alcaldía aún no ha inscrito al nuevo representante legal. Esta práctica, según análisis jurídicos, no tiene fundamento legal y puede acarrear responsabilidades civiles e incluso penales. Cuando un administrador se resiste a la entrega, el nuevo administrador no puede trabajar, los proveedores no saben a quién atender y los copropietarios enfrentan consecuencias directas. La Ley 675/01 establece claramente que la función de la alcaldía es la inscripción y certificación, pero nunca prorroga el ejercicio del cargo. Además, la Sentencia C-621 de 2003 aclaró que el registro establece responsabilidades del saliente frente a terceros, no facultades frente a la entidad que lo removió.
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Esta situación afecta directamente a miles de copropietarios que ven sus derechos vulnerados, a proveedores que no pueden realizar sus cobros y al nuevo administrador que ve obstaculizado su trabajo, generando inestabilidad en la administración de los inmuebles.
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